En un encuentro de la Mesa de las Carnes, la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores de Carne cuestionó al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (Ipcva) y se generó una fuerte discusión. El sector de la industria, defendió el rol del organismo. Por: Mariana Reinke (Periodista de La Nación)
Un gran cortocircuito se produjo en la última reunión de la Mesa de las Carnes, que integra toda la cadena cárnica, luego de que uno de los presentes cuestionara el beneficio de tener en funcionamiento un organismo como el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva). Esto ocurre en medio de que el presidente Javier Milei, con la facultad otorgada por la Ley Bases, tiene en la mira eliminar o fusionar unos 50 entes en general.
El Ipcva, creado por la ley 25.507 de 2001, es un ente de derecho público no estatal. Recibe aportes de los ganaderos en su mayor parte y luego de la industria. El motivo principal del encuentro presencial y virtual era analizar la problemática de un stock ganadero planchado, donde hace cuatro décadas había 50 millones de cabezas y en la actualidad continua el mismo número cuando se duplicó la población en el país. Debatían que esa situación compleja no era buena ni para los productores, la industria, los consumidores ni el Gobierno.
Fue ahí que Sergio Pedace, vicepresidente de la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores de Carne (Camya), pidió la palabra y planteó: “No es una cosa mía, tengo la autorización de Camya para hacerlo. Todos los que conformamos esta cadena somos unos impresentables. Estamos hablando de que no hay vacas, de que se faenan vacas preñadas, de se que matan terneros, del kilaje de faena, del chip pero nadie dice que tenemos un Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva) que le está cobrando a los productores, frigoríficos y matarifes un montón de plata para promover la carne en el exterior y no tenemos ganado. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos promoviendo un producto que no tenemos y el problema está en la producción”.
Ante esa declaración varios de los presentes “se le fueron al humo”. Uno de ellos fue el representante de Coninagro, Gonzalo Álvarez Maldonado, quien le retrucó que estaba totalmente equivocado y que no era el lugar para hablar de ese tema puntual. “¿De qué me hablás? Si antes en la Argentina comíamos 60 kilos y ahora solo 40. No sirve para nada, es una agencia de viajes y de eventos”, le contestó Pedace.
“Manejar y financiar”
Por su parte, Franco Brunetti, de Unión de la Industria Cárnica Argentina (Unica) Salta, remarcó: “Siempre dije lo mismo y lo sigo diciendo: los exportadores y los productores que produzcan animales para la exportación son los que deben manejar el Ipcva y son los que deben financiar el instituto porque es un lucro para ellos poder desarrollar los mercados. El consumo se maneja solo, no tiene por qué Doña Rosa pagar en su costo de alimentación un subsidio a un sector que no le corresponde”.
Hoy por hoy, cada ganadero paga unos $834 por animal faenado, vaya al mercado doméstico o a la exportación; mientras que la industria, tanto frigoríficos exportadores como los consumeros, abona $375. Fue en diciembre pasado que el Consejo de Representantes del Ipcva estableció nuevos valores: en 2023 los productores ya pagaban $676 por animal faenado.
Para calmar las aguas, enseguida, Daniel Urcía, presidente de la Federación de la Industria Frigorífica Regional de la República Argentina (Fifra) y consejero del Ipcva, llamó a votación para saber quién estaba de acuerdo con el Ipcva y quien no. “Por lo que veo 16 a 1 [a favor]», dijo tras una votación donde no se pronunciaron todos los concurrentes, que eran 28. Luego la reunión prosiguió en tensa paz y se tocaron otros temas de la cadena aviar y la porcina.
Antecedentes
En mayo pasado, el diputado nacional Sergio Acevedo presentó un proyecto de ley para derogar la ley 25.507, que creó el instituto y así disolver este ente. El legislador señaló que “es una incorrecta asignación de recursos públicos”. Finalmente la iniciativa no fue tratada en el recinto.
A principios de enero pasado, las Sociedades Rurales de Jesús María y de Río IV se habían manifestado en contra de la suba del canon para el organismo. “En un contexto de extrema dificultad, saliendo de un proceso de larga sequía y con costos que no paran de subir, la revisión de las cuentas se hace inevitable. Y entonces, cada gasto debe justificar plenamente su funcionalidad y utilidad en el negocio para sostenerse”, dijeron.
“Estamos sosteniendo el 65% del aporte del Ipcva. Ese es el planteo de base. En las entidades gremiales nacionales no se toca el tema porque todos reciben parte de ese aporte. Este Ipcva que hace stands en todos los países con la plata de los productores ya no tiene sustento porque nuestro aporte no se derrama en nosotros. No seamos ingenuos. Hay que sincerase y Sturzenegger lo tiene en carpeta”, contó.
