También quedó detenida su esposa, que es miembro del directorio de Cereales del Sur, una agropecuaria que en Salta quedó debiendo unos 500 millones de pesos (a valores de 2019). La fiscalía salteña le imputó varios delitos.
Daniel Casanovas, el financista rosarino imputado por estafa y administración fraudulenta en el marco de la caída de su grupo empresario en 2019 y que días atrás fue sacado a los golpes de un restaurante de la localidad salteña de Las Lajitas, quedó detenido en las últimas horas en la provincia de Salta. También quedó detenida su esposa, Samanta Bravo, directora de una de las compañías más comprometidas del malogrado grupo.
Según publicó Nuevo Diario, de esa provincia, la fiscal penal María Celeste García Pisacic, los imputó de forma provisional a ambos miembros del directorio de la empresa Cereales del Sur, como coautores de los delitos de retención indebida (tres hechos), libramiento de cheques sin provisión de fondos (dos hechos) y desbaratamiento de derechos acordados (un hecho).
La investigación de la fiscal salteña, que corre en paralelo a las que está llevando a cabo en Santa Fe el Ministerio Público de la Acusación (MPA), se inició por numerosos hechos delictivos ocurridos en el departamento Anta en perjuicio de productores agropecuarios que se vieron afectados en su patrimonio en relación al comercio de granos.
Los productores habían denunciado al directorio de la firma por retención de granos depositados, emisión de cheques sin fondos y otras maniobras defraudatorias que les ocasionaron daño patrimonial.
Los dos acusados estuvieron asistidos por un abogado particular y desde la Fiscalía se solicitó al Juzgado de Garantías interviniente que se mantengan detenidos.
Un tendal
El grupo diversificado que lideraba Casanovas fue el segundo de la tanda de empresas agrofinancieras que cayó en 2019. Lo hizo hacia agosto de ese año dejando un tendal calculado en torno a los mil millones de pesos.
La crisis de Casanovas arrancó con el default de su agro-ganadera Cereales del Sur (CDS), de fuertes operaciones en el norte argentino, que dejó impagos granos que había recibido en condición a fijar. Tampoco devolvió los fondos que tomó de terceros para su Fideicomiso Ganadero Norte dedicado al engorde de ganado.
Pero rápidamente su cesación de pagos se extendió a su agencia de Bolsa (CGV), con oficina en el centro de Rosario, y a su financiera extra bursátil (Rosario E-Trader), también con base en la ciudad. Además, tenía otra empresa financiera “Daniel Casanovas. y Asociados S.A” que tampoco abonó sus compromisos.
Sus operaciones fueron suspendidas por los Mercados y comenzaron negociaciones particulares con sus clientes en busca de acuerdos privados de pago. Sin acuerdos, todo terminó en la Justicia.
La cerealera CDS fue a convocatoria de acreedores por un rojo de 450 millones de pesos a valores de 2019, sólo en lo que hace al negocio de granos. Y es que también hay muchos transportistas a los que nunca les pagó servicios prestados por fletes desde Salta a los puertos de Rosario. Además, incumplió compromisos de su fideicomiso ganadero, redodeando un pasivo de más de $500 millones de pesos.
Por el lado de CVG, tenía emitido 150 millones en cheques garantizados con warrants de granos y allí la fórmula que encontró fue el armado de un fideicomiso (con uno de sus campos de garantía) y a los que adherían les iba pagando (con fuertes quitas) en cuotas lo cheques no cubiertos.
Pero el costado más complejo vino por sus negocios extra bursátiles, en los que tomaba dinero de clientes para trabajarlos a cambio de una renta. Allí se combinaron tanto operaciones en blanco como transacciones blue. En ese segmento su deuda total se calculó en torno a los 300 millones de pesos a valor de 2019.
En ese segmento tejió acuerdos privados de pago para devolución en cuotas. Pero ya antes de la pandemia entró en un segundo default ya que dejó de abonar esos compromisos, encendiendo más la bronca de sus ahorristas. Sobre todo porque los abogados dejaron hasta de contestar las llamadas de los inversores. Con ese grupo también hay grandes inversores con los que no pudo convalidar acuerdo ya que las garantías que ofrece no convencen.
Fue así que empezó a acumular, además de reclamos civiles, denuncias penales por parte tanto de sus clientes financieros como de clientes agropecuarios, quienes aseguran que su caída no fue por la crisis financiera del país que estalló en 2018 y negocios agropecuarios que no salieron como se esperaba (que fueron siempre sus argumentos) sino que, en realidad, fue una gran estafa de Casanovas.
A mediados de 2021 el fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Miguel Moreno, lo imputó por estafa, administración fraudulenta y violaciones a la reglamentación del warrant. El fiscal lleva adelante la investigación que tiene como querellantes a unos diez clientes del grupo con un perjuicio a los clientes de 4 millones de dólares.
En el frente penal, la novedad es que Moreno prepara nuevas imputaciones (tres o cuatros nuevos hechos. Fuente: Rosario3.
