Un documento oficial del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) difundido por el organismo avala el uso de los productos fitosanitarios en la agricultura, recomienda el uso de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), entre ellas el Manejo Integrado de Plagas (MIP), la rotación de cultivos y respalda el modelo de “intensificación sustentable”.
No obstante, advierte sobre los potenciales riesgos a la salud y al ambiente respecto de la utilización incorrecta de estos productos y recomienda profundizar los estudios sobre los efectos de largo plazo.
“La agricultura argentina no puede prescindir completamente de los productos fitosanitarios sin poner en riesgo el volumen y la calidad de la producción”, señala el informe del INTA elaborado por 15 profesionales del organismo y aprobado por su consejo directivo.
Para los expertos es “indispensable que todas las acciones inherentes al manejo de los productos fitosanitarios se realicen bajo la dirección, planificación y/o supervisión de profesionales ingenieros agrónomos”, sostiene.
El trabajo cita una investigación del European Parliamentary Research Service que recientemente publicó un informe en el que expresa que “si no se utilizaran fitosanitarios los rendimientos se reducirían, dependiendo del cultivo, entre 19 % (trigo) y 42 % (papa)”.
Además, indica que “los ensayos de más de cien años de Rothamsted Research (Reino Unido) han mostrado un significativo aumento de los rendimientos a partir del control de malezas y enfermedades mediante el uso de fitosanitarios. En este sentido, los productos fitosanitarios juegan un papel sensible en los sistemas de producción de alimentos”.
Esta definición cobra especial relevancia frente a casos recientes como el de Sri Lanka, que hace unos años prohibió el uso de fertilizantes y agroquímicos y provocó la brusca caída de la producción de arroz y té que desembocó, junto con otros factores, en una crisis económica con estallidos sociales que provocaron la caída del gobierno del país asiático.
También, la definición del INTA es clave frente al Pacto Verde de la Unión Europea que se propone reducir fuertemente el uso de fitosanitarios y fertilizantes en 2030, así como destinar el 25% de su superficie agrícola a la producción orgánica.
Regulación
El documento destaca que el marco regulatorio argentino para la aplicación de fitosanitarios, a cargo del Senasa, es “sólido” y ”comparable a la de países referentes en agricultura, aunque “queda mucho margen para gran variedad de escenarios en los que se revelan divergencias de perspectivas, intereses y prioridades”. Esto, en alusión a los conflictos suscitados en distintas localidades del país por las regulaciones sobre distancias de aplicación y uso de productos.
“Los marcos normativos constituyen una primera instancia para establecer las reglas de juego, fijando estándares y límites en el uso de productos fitosanitarios”, destaca, y sostiene que procura que sirva de base para llegar a “acuerdos”.
El documento añade, no obstante, que el marco regulatorio “presenta la clasificación de peligrosidad o riesgo que se refiere exclusivamente a la toxicidad aguda y no contempla los posibles efectos crónicos (capacidad de una sustancia para producir efectos adversos consecuentes a una exposición prolongada, durante o después de interrumpida la exposición)”.
En el concepto de intensificación sustentable, el documento respalda la utilización de bioinsumos, las agtech (para alcanzar mayor eficiencia) y formas de manejo que minimicen los riesgos en el uso de fitosanitarios como la rotación de cultivos, los cultivos de cobertura, las prácticas de conservación del suelo como la siembra directa, la cortinas vegetales o la determinación de momentos de aplicación de los productos.
