La dueña de Lácteos Vidal, Alejandra Bada Vázquez, asegura que quieren fundirla y que hay una mafia sindico judicial que busca convertir la empresa en cooperativa. En los medios y en la calle, la dueña de Lácteos Vidal denuncia una «mafia sindico judicial» que busca fundir su empresa.
No parece haber dudas en la comunidad médica de que el estrés mata. El estrés crónico mata a través de la violencia, de un ataque al corazón, de una apoplejía e incluso despierta enfermedades incurables. Las personas se desgastan hasta llegar a una crisis nerviosa final y fatal. Y, el estrés se compone, casi siempre, de situaciones amargas o conflictivas.
Alejandra Bada ya recibió dos fuertes descargas de estrés. La primera cuando delegados del gremio lechero Atilra, enrolados en el kirchnerismo, bloquearon la planta de Lácteos Vidal, su empresa, que heredó de su padre, en la localidad de Moctezuma, partido de Carlos Casares, en la provincia de Buenos Aires, en agosto de 2022.
Los delegados gremiales decidieron imposibilitar la entrada del personal del establecimiento que genera empleos directos para 46 familias de la zona en un pueblo que tiene 471 habitantes.
Reclamaban una recategorización de sus funciones laborales pero el conflicto escaló hasta ocupar las páginas de los medios de comunicación con despidos, piquetes y una fábrica trabajando durante meses a pérdida y al 40% de su posibilidad.
«Me obligan a trabajar con los que me hostigaron»
«Estoy como los condenados a muerte que esperan por su verdugo. Un día son los sindicalistas y otro día son los jueces y la verdad es que no tuve un juicio justo», reflexiona Bada Vázquez.
«Tomé nuevos empleados, estaba recuperando la leche con gente nueva y capacitada, volví a tener la cantidad de personal necesario para ofrecer los productos con la misma calidad de siempre y, lo más importante, estábamos levantando la moral y las ganas de trabajar cuando el fiscal archivo la causa por los bloqueos y la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo, ratificó una cautelar previa para que se reincorpore a 29 empleados despedidos por el boicot a la producción de la compañía», dijo.
Desde entonces, en su vida, domina la angustia. A Alejandra Bada le cuesta dormir, gasta sus horas, muchas de ellas, en manifestaciones en las calles frente a los tribunales junto a un grupo de empresarios movilizados que la apoyan y toman su crisis como un ejemplo del accionar de sindicatos y abogados corruptos que buscan quedarse con las propiedades privadas de emprendedores que invirtieron su capital para producir en el país.
Sin embargo, Alejandra Bada no se rinde. Decide visitar estudios televisivos y contar su angustia y, también lo hace, en las protestas en la calle donde recibe la solidaridad de los ciudadanos comunes.
«Todavía tengo fuerzas para seguir porque intento que mis hijos se queden en el país a trabajar», asegura. Acto seguido, asegura que «hay jueces que dicen que tengo que reincorporar a gente que despedí con justa causa y, al hacerlo, debería dejar sin trabajo a otros 25 empleados que se pusieron la empresa al hombro, jóvenes que se capacitaron para sus tareas y que llegaron a entrar a la fábrica en patrulleros porque debían sortear las agresiones de los que bloqueaban la fábrica. O sea, me obligan a trabajar con los que hostigaron, amenazaron y casi hacen perder el trabajo a otros 100 trabajadores porque me pusieron al borde de la quiebra».
Cuando se la consulta por sus próximos pasos, Alejandra Bada se muestra inflexible, «de ninguna manera voy a reincorporar a estos despedidos. Que vaya el juez a decirle a los 25 trabajadores nuevos que hay que echarlos para que vuelvan los violentos a sus puestos. Me parece que con ese mensaje de castigar a los trabajadores y premiar a los violentos patoteros la Argentina no tiene posibilidades de salir de esta pobreza».
Bada espera que su lucha sirva para que la sociedad se dé cuenta que en «Argentina tenemos una mafia sindical que vive muy bien con abogados y sindicalistas multimillonarios con empleadores y empleados cada día más empobrecidos. Toda la gente de bien debe defender el mundo y los valores del trabajo. Mi padre vino de España con gente que, al igual que él, sólo querían trabajar y prosperar».
Acaso lo que supone más exigencia para la salud mental y financiera de Alejandra Bada y su equipo sea que la resolución judicial conlleva una multa de $10.000 por día por cada uno de los despedidos, desde el 18 de mayo pasado.
El juez Ignacio Ramonet obliga a que la pyme agropecuaria defina una entidad bancaria para que efectivice las astreintes, un término técnico que refiere a las sanciones valuadas en dinero contra el deudor que demora el cumplimiento de una orden judicial, que significan una suma millonaria que prácticamente llevan a la quiebra a su sociedad.
«Todo esto me genera mucha impotencia, porque estamos viviendo una injusticia total», advierte. Por eso su pedido es público y suena desesperado. «Que dejen de negarme Justicia, que dejen de violar mi derecho de propiedad privada, mi derecho de administración y organización, que dejen de acosar a Lácteos Vidal», rogó Alejandra Bada Vázquez, quien se despidió afirmando. «Quieren funfirme».
