El Ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación Argentina, Federico Sturzeneguer utilizó su cuenta de X para explicar las medidas que tomó sobre el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Lo que sigue es textual:
El Decreto Delegado 462/25, firmado por el Presidente, dispone la transformación del INTA en un organismo desconcentrado en el ámbito de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. A su vez, reemplaza su conducción colegiada por un Presidente designado por el Poder Ejecutivo que será asistido por un Consejo Técnico ad honorem que preservará la representación de los productores y definirá los lineamientos científicos-técnicos del organismo.
La medida pone fin a una estructura sobredimensionada y opaca. En abril de 2025, el INTA contaba con 6.059 empleados (el doble que hace unos pocos años), 2.403 vehículos (uno cada 2,5 agentes), 1.611 celulares, 932 cargos jerárquicos (¡más que cualquier ministerio nacional!), y 450 sedes entre Centros Regionales, Centros e Institutos de Investigación, Estaciones Experimentales, Unidades de Extensión y Centros de Experimentación. Su presupuesto de gastos anuales es de $224.000 millones, mientras que los recursos asignados al organismo son de $411.000 millones, provenientes de una contribución sobre las importaciones y una parte de la recaudación de la tasa estadística. ¿El dato que expone el absurdo? Que los $411.000 millones asignados en recursos al INTA equivalen al 47,5% de lo recaudado por retenciones al maíz.
A ello se suma un dato revelador: el INTA posee más de 110.000 hectáreas distribuidas en todo el país. De ese total, solo 45.000 están siendo utilizadas para experimentación con fines comerciales y productivos. En el resto no sabemos qué ocurre. El informe de la SIGEN (2023) reveló importantes deficiencias en el control: viviendas usurpadas, bienes sin inventariar ni asignar, donaciones sin registrar, compras y viáticos sin documentación mínima, asociaciones cooperadoras sin balances ni supervisión. El dislate llegó a tal punto que el INTA creó y controla una empresa (INTEA S.A.) y una fundación (ArgenINTA), estructuras que operan por fuera del régimen de contrataciones y control del Estado.
Esta reforma permitirá echar luz sobre estas figuras y transparentar el destino de los recursos generados por la explotación de los campos bajo su administración. Las fallas eran estructurales, no aisladas.
Pero aún más importante, el funcionamiento del INTA había perdido su rumbo estratégico. Las líneas de investigación quedaban libradas al criterio de cada investigador, sin vínculo con las necesidades reales del sector agropecuario. Así, en lugar de generar tecnologías y conocimientos aplicables a la producción, el organismo migró hacia el desarrollo de la agricultura familiar, o financiaba proyectos de investigación más de carácter sociológico que técnico (por ejemplo “Mujeres rurales: celebrar lo común y valorar la diferencia”, “¡Alto!… Una pausa a los cuidados. Mujeres rurales y el derecho al ocio y la recreación” o “Comidas del pueblo wichi”).
Con esta reforma, se busca reencauzar al organismo en su misión original: la investigación y el desarrollo tecnológico al servicio del campo argentino y del complejo agroindustrial, probablemente a través de mecanismos de cofinanciación con el sector privado.
La transformación preserva íntegramente las capacidades técnicas del INTA, reduce la burocracia y refuerza los mecanismos de control y transparencia. El objetivo es claro: devolverle racionalidad institucional y reorientarlo hacia su verdadera misión fundacional, que es promover la innovación científica y tecnológica al servicio del desarrollo agropecuario.
