El campo llega con internas y con divisiones a la protesta organizada por autoconvocados. Por separado, las entidades que componen la Mesa de Enlace confirmaron que no participarán del acto, pero según pudo confirmar este medio, existen presiones de las bases para participar de la protesta.
El campo llega dividido a la marcha que los grupos de productores autoconvocados organizaron para el 23 de abril en la Ciudad de Buenos Aires, en donde reclamarán por la elevada presión impositiva del Gobierno. Por separado, las entidades que componen la Mesa de Enlace confirmaron que no participarán del acto, pero según pudo confirmar este medio con voceros de las gremiales rurales, existen presiones de las bases para participar de la protesta. «De acá al sábado puede haber un cambio de postura», anticipó un directivo. Mientras tanto buscan reforzar la vía legislativa para visibilizar sus reclamos, con la quita de los derechos de exportación a la cabeza.
Aunque estaba en agenda un encuentro para este jueves 21 de abril entre los directivos del campo y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, se conoció que el encuentro se postergó para la próxima semana.
En este punto, las opiniones sobre los motivos de esta nueva fecha están divididas. Por un lado, voceros de las gremiales aducen «razones de agenda» para justificar este cambio. Desde la Mesa de Enlace entienden que una foto de sus cuatro presidentes con Massa, en la previa de una protesta de productores a la que por el momento no concurrirán, sería un bocado difícil de digerir para el campo. «Es complicado mostrarse junto al Gobierno cuando no estás por ir a un encuentro con los productores», reconoció un integrante de ese espacio.
Más allá de las reuniones de los representantes de la Mesa de Enlace con diputados de la oposición, la agenda legislativa para este sector se encuentra en stand by, tal como señalaron desde el sector exportador.
La industria espera que se trate el proyecto de fomento a la agroindustria, que, tras su aprobación en la Cámara baja, pasó en febrero al Senado. «El proyecto está cajoneado. La expectativa es que, tal vez, en mayo haya una sesión de trabajo», admitió un industrial del sector granario. Y agregó: «Es inaudito que el Congreso no trabaje sobre estos temas».
Tanto los exportadores como los ruralistas coinciden en que los temas sensibles para el sector, como los derechos de exportación, se deben gestionar a nivel legislativo. Por el lado del Gobierno, las retenciones dividen las aguas y mientras la Secretaría de Comercio presiona para una suba de este impuesto, la cartera de Agricultura, con el ministro Julián Domínguez a la cabeza, rechaza de plano esta posibilidad.
