El Honorable Consejo Deliberante de la ciudad bonaerense de Bragado, acaba de votar un proyecto donde expresa su “desagrado” por la última suba de los derechos de exportación y destaca que ve “con agrado” disminuirlos hasta su extinción.
En medio de la polémica abierta por la última suba de las retenciones, cuestionada por el campo porque el 31 de diciembre pasado el Gobierno perdió las facultades delegadas del Congreso para manejar esa materia, el Concejo Deliberante de la ciudad bonaerense de Bragado le dio luz verde a un proyecto de comunicación de alto voltaje político, al menos en lo simbólico: aprobó el “desagrado” por el último incremento de los derechos de exportación y, además, dejó en claro su beneplácito para que en el Congreso se impulse “la disminución de las alícuotas, hasta la eliminación de las mismas”.
Aunque solo el Congreso puede abordar la materia, lo que se trató es un mensaje político desde el interior hacia quienes tienen que legislar, algo que viene insistiendo la Mesa de Enlace con visitas que hizo a varios bloques en Diputados y el Senado.
En Bragado el intendente es Vicente Gatica, que integra Juntos por el Cambio. El oficialismo de JxC tiene mayoría en el Concejo Deliberante local, con 10 ediles, mientras que el Frente de Todos (FTD) 7 y un partido vecinalista, un concejal. En rigor, por mayoría con JxC se aprobó el mencionado proyecto de comunicación.
Hace unos días, productores habían acercado un proyecto para que las retenciones sean de 0% y los legisladores del oficialismo en Bragado tomaron la iniciativa para pronunciarse al respecto. La votación, según pudo reconstruir este medio, no estuvo exenta de fuertes discusiones con el kichnerismo local.
“El Frente de Todos hablaba de que nos debemos preocupar por las cosas concretas. Yo, como representante del pueblo y del sector productivo, tengo que hablar de esto. Estamos en el interior productivo. El campo mantiene la mesa de los argentinos”, señaló Lilián Labaqui, concejala por el radicalismo.
En el proyecto votado, en los considerandos se señala que los decretos de suba de las retenciones a la harina y el aceite de soja, de 31 a 33%, y de creación del Fondo Estabilizador del Trigo “son pasibles de nulidad absoluta por cuanto no se hallan delegadas por el Congreso Nacional las facultades prescriptas en la Constitución: artículo 75, inciso 1, habiendo retrovertido la delegación al Poder Legislativo para la fijación de los derechos de importación y exportación”.
Luego se señala el “desagrado” con el Poder Ejecutivo Nacional con la medida adoptada por la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios del Ministerio de Agricultura que cerró los registros para exportar harina y aceite de soja antes de la suba de las retenciones.
Después en el siguiente artículo se establece: “Manifiéstase al Poder Ejecutivo Nacional el desagrado por el dictado de los decretos N° 131/2022 y N°132/2022 por cuanto se fundamentan en una norma inexistente a la fecha, cual resulta ser la ley N° 27.541 caducada el 31 de diciembre de 2021; viéndose con agrado que se propiciara ante el Congreso Nacional la disminución de las alícuotas, hasta la eliminación de las mismas”.
La concejala insistió en que el Gobierno no tiene facultades para haber dictado ese decreto, porque “caducaron”. Y remarcó que solo el Congreso puede actuar en la materia. “Se hizo cargo indebidamente”, señaló sobre el Poder Ejecutivo.
En otros lugares
Según su opinión, “todos los Concejos Deliberantes tendrían que hablar de esto”, en referencia a impulsar esta clase de proyectos.
“Aspiro a que no tengan retenciones (los productores), pero no tenemos que ser utópicos”, dijo la concejala. En rigor, cree que para la eliminación se puede ir haciendo ese camino de manera “gradual”. La concejala advirtió sobre los problemas del sector hoy para conseguir gasoil. “Ayer vendían 20 litros, no alcanza para nada”, dijo.
Por su parte Walter Malfatto, productor y presidente de la filial Bragado de Federación Agraria Argentina (FAA), celebró lo votado por el Concejo Deliberante local. “De 100.000 hectáreas de soja (que se hacen en el partido), se quedan con 33.000 hectáreas”, señaló respecto de lo que el Estado se lleva por derechos de exportación. “Seríamos una potencia si se quedara acá, y esto sin contar otros cultivos y ganadería”, agregó.
“Son 33.000 hectáreas que se van todos los años y no hay rutas, seguridad, educación. Esperemos que esto se replique en otros Concejo Deliberante”, precisó.
Malfatto alertó que cada vez hay menos productores y que la producción se concentra. “Hay productores que se van al pueblo y no vuelven más al campo”, indicó. Fuente La Nación.
