La controversia comenzó cuando se conoció un anteproyecto de ley enviado por el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Buenos Aires en el que se proponen regulaciones en el uso del suelo agrícola.
POR JOSÉ LUIS AMADO -PERIODISTA AGROPECUARIO- EXCLUSIVO PARA GRUPO LA VERDAD
El Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales de la provincia de Buenos Aires (CIAFBA), es noticia por el anteproyecto que llevaron al senado provincial.
¿De qué consta la iniciativa presentada por CIAFBA en el poder legislativo provincial de Buenos Aires? En síntesis, es un proyecto de ley que entre otros temas declara de “interés público” el cuidado de “los suelos” en el territorio bonaerense. Es decir, el propietario de la tierra, de aprobarse esta legislación, podría tener restricciones operativas sobre su propio campo.
El texto elevado a la Cámara Alta de Buenos Aires propone que la ley sea aprobada, “a efectos de mantener y/o mejorar su capacidad productiva y su funcionalidad en el ecosistema”. Es decir, una autoridad provincial podría determinar qué es “lo mejor” en materia productiva por encima de un legítimo propietario.
La controvertida iniciativa fue inicialmente dada a conocer por Luciano “Lucho” Bugallo, un hombre con formación agropecuaria y lazos familiares en Ascensión y que hoy es diputado provincial por Coalición Cívica, el partido de Lilita Carrió.
En comunicación con LT20 Radio Junín, “Lucho” Bugallo explicó que el proyecto plantea que el cuidado del suelo sea declarado de interés público, lo que en la práctica implicaría que “el Estado provincial pueda decidir qué, cómo, cuándo y dónde sembrar”. Además, obligaría a los productores a presentar planes de manejo cada cuatro años, firmados y aprobados por ingenieros agrónomos matriculados.
Bugallo, también señaló que el incumplimiento de estas disposiciones traería sanciones, multas y pérdida de beneficios impositivos. “Bajo la excusa de cuidar el ambiente, se avanza en mayor burocracia, gasto público y creación de una caja política”, afirmó.
“Esto convierte a los ingenieros en burócratas y a los productores en una especie de súbditos del poder público. No hay nadie que cuide mejor la tierra que los propios dueños, que heredaron los campos de sus padres y quieren dejarlos a sus hijos. Acá hay intervención sobre la propiedad privada y pérdida de autonomía. Es un proyecto “chavista”, que podría ser usado como herramienta de control político”, aseveró.
Bugallo reveló que incluso muchos ingenieros agrónomos se expresaron en contra del proyecto de ley. “Subí un tuit que tuvo más de 150 mil vistas y la mayoría de los comentarios eran de agrónomos que repudiaban la propuesta. Ni siquiera representan a sus propios matriculados”, expresó. Finalmente, se dirigió a sus pares en la Legislatura: “La idea es alertar para que ningún legislador lo firme ni lo presente. Si queda como un anteproyecto será una anécdota, pero si toma estado parlamentario y avanza, será un desastre”.
Respuesta gremial
Como era de esperar, el proyecto tuvo su rápida respuesta. La primera en salir fue la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap). “Desde Carbap manifestamos nuestro rechazo al proyecto de la denominada Ley de Suelos realizado por el Ciafba, porque avanza sobre la propiedad privada, imponiendo controles, sanciones y burocracia que nada aportan al cuidado real del recurso”, resaltaron desde la entidad.
Reparos de CREA y Aapresid
En tanto, y a medida que avanzaban los repudios, CIAFBA salió a explicar que el “anteproyecto de Ley de Conservación y Cuidado Integral de Suelo y Agua” fue elaborado por su Comisión de Conservación de Suelos “como resultado de más de dos años de trabajo sostenido y de un proceso de consultas con colegas matriculados que se desempeñan en el ámbito privado, en instituciones y en organismos públicos”. Además, indicaron que el texto fue presentado ante la Comisión de Asuntos Agrarios del Senado bonaerense y que “aún no cuenta con estado parlamentario”.
Por su parte, Fernando de Nevares, presidente de CREA, aclaró que su institución “no fue parte de esta ley ni en conversaciones, ni podemos hacernos cargo del contenido ni a favor ni en contra”, y señaló que “no nos gusta la burocracia que genera”.
Consultado sobre la posición institucional frente a este tema, sostuvo que “a priori, no creemos que el Estado tenga que intervenir como controlador y definir cómo se usa o se deja de usar un recurso que es privado”, remarcó. También apuntó que existen ejemplos alternativos: “Hay otras leyes, en provincias como Córdoba o Entre Ríos, que se podrían buscar y revisar como para decir: hay ejemplos de regulación de uso del suelo que no implican esa burocracia e intervención del Estado”.
Marcelo Torres, presidente de Aapresid, remarcó que la entidad reconoce la importancia de trabajar en la conservación del suelo y explicó que los temas legislativos se canalizan a través del Comité Ejecutivo AgroBioIndustrial (Ceabi), coordinado por la Fundación Barbechando. “Las legislaciones son temas complejos. Una mala ley puede resultar totalmente contraria a lo que se quiere promover”, cerró.
Quien sí tomó posición fuerte en esta esta discusión fue el Ing. José A. Álvarez (@BuperCrop en la red social X), quien expresó: “Es falso que todos los suelos tengan riesgo de erosión y es ridículo pensar que quien los explota se beneficia dañándolos. Y es improcedente usar al Estado para crear un sistema de peajes, en donde quien produce deba pedirle permiso para trabajar a quien no produce nada”.
