El peso de los impuestos sobre el valor agregado de la cadena de la soja duplica el promedio nacional. Es de 60,90% mientras que la presión tributaria nacional y provincial fue de 29,4% el año pasado. En tanto, del resultado de sembrar que genera la soja, un dólar queda para el productor y cinco se van en impuestos.
Los datos se desprenden de un trabajo realizado por economistas de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) presentado en un encuentro sobre “Actualización del impacto fiscal y cambiario en la cadena de la Soja” organizado por la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (Acsoja), que entiende que es “indispensable” cambiar el rumbo de la política tributaria.
Luis Zubizarreta, presidente de la entidad, planteó que el “enorme peso fiscal y cambiario” que tiene el sector ha sido determinante en la reducción de la superficie sembrada que registra el cultivo. “Hay que bajar la carga porque si crece la torta aun con una carga menor, el Estado recaudará”, dijo.
El informe de FADA señala que una tonelada de soja industrializada paga US$260,54 de impuestos, 69% son nacionales no coparticipables y 25% coparticipables; cinco por ciento provinciales y uno por ciento municipales. Las retenciones representan el 67% de la carga tributaria, mientras que el otro 33% se reparte entre Ganancias (22%) y el resto ICDB (impuesto a los créditos y débitos bancarios), Fondo Fiduciario (para subsidiar el valor del aceite) y contribuciones y ART (dos por ciento cada uno); dos por ciento Inmobiliario Rural provincial y uno por ciento Sellos e igual de Ingresos Brutos y tasas municipales.
Los US$260,54 de carga tributaria representan 46,19% del precio compuesto del grano de soja; 66,71% del margen bruto de la cadena y 60,90% del valor agregado (presión tributaria).
Los economistas David Miazzo, Nicolle Pisani Claro y Natalia Ariño, de FADA, elaboraron un análisis que va detallando el peso tributario sobre cada segmento de la cadena de la soja tomando como base el período enero a junio de este año. Miazzo planteó que no es lógico que la mayor parte de la carga impositiva nacional no sea coparticipable “ya que se trata de una cadena federal, con presencia en todas las provincias”.
Con la lupa sobre el precio compuesto del grano de soja de US$564,09 por tonelada (FOB), la participación de cada eslabón en la composición del valor está representada por la producción primaria en un 40%; los impuestos (en sus tres niveles de Estado) en un 46%; cinco por ciento lo explican los fletes; dos por ciento el comercio (acopio) y siete por ciento la industria.
El eslabón primario -sin computar retenciones- afronta una carga tributaria de US$64,51 sobre la tonelada de soja (37% del resultado antes de impuestos), donde el Impuesto a las Ganancias es el de mayor peso, seguido en importancia por el Inmobiliario Rural. Por cada dólar que gana el productor paga cinco de impuestos, sintetizó Miazzo. La ecuación es un resultado de US$50 e impuestos por US$243.
El segmento de acopio tiene una carga de US$2,47 sobre la tonelada de soja (hay que recordar que no paga Ganancias). En el eslabón de la industria el peso es de US$193,56 por tonelada: las retenciones explican el 89,9%, seguidas en importancia por el Fondo Fiduciario (2,7%) e Impuesto a los Créditos Bancarios (1,2%). Este nivel de carga tributaria representa el 34,3% de los ingresos brutos de la industria.
El trabajo de FADA toma como base del modelo una hectárea de producción de soja promedio en la Argentina con un rendimiento por hectárea de 2,7 toneladas para la campaña 2020/2021 (un rendimiento menor a otras por la sequía). El punto de partida para el cálculo es el “precio disponible” de la soja, aunque también se muestra el proceso desde el precio FOB para clarificar que hay ítems como el flete largo y las retenciones (computados en acopio e industria, respectivamente) pero que impactan de manera directa en el precio percibido por el productor.
Definido el ingreso del productor, se calculan los costos: flete corto (30 kilómetros desde el campo hacia el acopio); labores (siembra, cosecha y pulverización) representando cuánto de éstas corresponde a mano de obra y cuánto a reparaciones, mantenimiento y combustible, semillas -considerando un tercio de semillas comprada y dos tercios de uso propio con pago de regalía-, fertilizantes y fitosanitarios, seguro antigranizo para el 70% de la producción y costos administrativos.
Tipo de cambio
Emilce Terré, economista de la Bolsa de Comercio de Rosario(BCR), abordó el impacto de la política cambiaria en la cadena de soja. Subrayó que el tipo de cambio está “cada vez menos competitivo” porque el dólar oficial aumenta por debajo de la inflación, problema que se agrega al que genera la brecha cambiaria.
“La situación se agrava si nos comparamos exclusivamente con Brasil, el principal socio comercial”, agregó. Apuntó que, de cara al 2022, el mercado espera un dólar a $152 en septiembre según contratos negociados en el Rofex, “bastante más arriba de lo que proyecta el Gobierno para el cierre del año próximo”.
“Siempre se le achaca al agro con que especula con una devaluación -dijo Terré-. Esto no es cierto; el agro ha hecho una liquidación récord de divisas, por encima del promedio de los últimos años por la mejora de los precios internacionales y de la producción. Hay un camino a recorrer para cuando las condiciones internacionales no acompañen de la misma manera”.
La economista enfatizó que el productor “sigue apostando” a producir porque pese a la suba de costos y la carga impositiva, la superficie sembrada general aumentará dos por ciento empujada por otros cultivos, ya que se proyecta una retracción de la soja.
La venta al exterior de este año es la segunda más alta de la historia, por detrás de 2019. En lo que va de este año, la agroexportación liquidó divisas por casi US$30.000 millones y aunque creció el uso de dólares para importación, el saldo neto sigue siendo “muy favorable” para el país.
“Sin este aporte impresionante del agro, las reservas del Central serían negativas. En términos netos ingresaron unos US$26.000 millones por parte del campo a los que se sumaron los US$4000 millones de los derechos especiales de giro del FMI”, resumió.
