El cordobesismo sube la apuesta ante el Gobierno y se prepara para reformar el régimen de biocombustibles. Lanzaron una ofensiva para cambiar la nueva ley y mejorar los beneficios para el etanol de maíz, que es producido en la provincia.
Desde la semana pasada, el bloque Córdoba Federal, que responde al gobernador Juan Schiaretti, perdió una integrante en la Cámara de Diputados pero a la vez sumó una banca en el Senado, donde la paridad entre oficialismo y oposición pone a esa fuerza en un lugar expectante. Uno de los objetivos de este espacio será reformar el nuevo régimen de biocombustibles que aprobó el Congreso este año.
El nuevo texto fue el resultado de una extensa y tirante negociación sobre una serie de beneficios para el sector en distintas provincias que están suspendidos por seis meses a partir de un decreto presidencial que ha pasado casi inadvertido.
La norma que buscan modificar es la 27.640. Rige desde el 4 de agosto. Define que todas las naftas que se vendan el territorio nacional tendrán que «contener un porcentaje obligatorio de bioetanol de 12% en volumen, medido sobre la cantidad total del producto final». El cordobesismo propone que agregar que «dicho porcentaje nominal mínimo podrá ser elevado por la autoridad de aplicación cuando lo considere conveniente en función del abastecimiento de la demanda, la balanza comercial, la promoción de inversiones en economías regionales, y razones ambientales o técnicas». Es una forma de eliminar que el volumen obligatorio de mezcla del 6% para el bioetanol de maíz (el otro 6% correspondería a bioetanol de caña de azúcar) no se pueda reducir al 3%, pero también busca poner a este biocombustible en igualdad de condiciones con los demás, ya que Córdoba contempla el 80% de la producción.
La propuesta también indica que «las empresas mezcladoras podrán comprar libremente bioetanol a base de maíz y superar el porcentaje de corte establecido». Además sostiene que «los estados provinciales podrán establecer los requisitos y condiciones para la producción, distribución y comercialización de biodiésel y bioetanol para autoconsumo o mercado voluntario exclusivamente en estado puro -B100 y E100- o en mezclas iguales o superiores al 85%». Entre otros puntos, agranda la definición técnica y «entiende por biocombustible al bioetanol, al biodiesel, al biogás, al biometano, al biojet u otros biocombustibles». Por otra parte, no le quita la aplicación del régimen a la secretaría de Energía, pero incluye al ministerio de Agricultura y crea «programas específicos» para desarrollar biocombustibles a base de maíz a partir de los dos años de entrada en vigencia de la futura norma.
La senadora Alejandra Vigo, que asumió la semana pasada, definió que el proyecto presentado «es muy importante: lo hemos presentado en Diputados luego de que el Gobierno diera 20.000 vueltas para sacar el nuevo régimen. Reformarlo es para nosotros una política de Estado y lo vamos a defender», anticipó la nueva legisladora, que hasta el 9 de diciembre ocupó una banca en la Cámara baja, como parte del bloque Córdoba Federal conducido por Schiaretti, su consorte.
«Queremos que, de mínima, Córdoba tenga el mismo tratamiento que el biodiésel de caña de azúcar, y en ese sentido nos vamos a plantar, porque somos un bloque de uno pero podemos ser un bloque de muchos. El senador por la Constitución es la voz de la provincia. Nosotros somos una fuerza que no tiene jefe político en Buenos Aires, sino en Córdoba», anticipó Vigo en referencia al interés que le pondrán al proyecto para que sea tenido en cuenta por el oficialismo.
La iniciativa lleva la firma de Vigo, Claudia Márquez, Pablo Cassinerio y Alejandro «Topo» Rodríguez. Pretende aprovechar el freno a la aplicación de la ley que rige hasta marzo.
El decreto, que se conoció en octubre, suspende la reglamentación de la nueva ley sus principales aspectos y le dio 180 días de plazo a la Secretaría de Energía para llevar adelante una «revisión» de la norma. La medida ejecutiva también estableció una serie de cambios provisorios y suspendió los beneficios diferenciales que tenían los productores de bioetanol de caña de azúcar, oriundos de Tucumán, por encima de las firmas que lo producen en base a maíz, que están en Córdoba.
«Esta es una nueva etapa en la Argentina, donde hay un empate de debilidades entre los dos extremos de la grieta. Se trata de los dos sectores donde están peleando sobre qué va a pasar en 2023. Pero para llegar a eso se tienen que poner las pilas para generar empleo y bajar la pobreza. Las provincias productoras como Córdoba, aportan tanto en materia nacional y tienen que dejar de meterle la mano en el bolsillo. Nos vamos a plantar y vamos a seguir avanzando, pero vamos a aprovechar este empate de debilidades», sentenció Vigo para reflejar cómo hará valer su voto en un momento donde el oficialismo está a dos voluntades de llegar al quórum propio en el Senado.
En Diputados, el escenario es diferente: el espacio tiene tres escaños desde que ella pasó al otro recinto, pero su peso relativo se multiplicó ante el equilibrio inestable que regirá en el Congreso para los próximos dos años.
