Se acaba de conocer que el Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales de la Provincia de Buenos Aires (CIAFBA), presentó en la Comisión de Asuntos Agrarios de senado provincial un proyecto de ley que está generando dudas y preocupación entre los productores agropecuarios bonaerenses.
Según expresó el Diputado por Buenos Aires, Luciano “Lucho” Bugallo en su red social en “X” (@LuchoBugallo), “la ley, si bien suena muy linda, es muy mala y peor aún, en manos equivocadas puede volverse una herramienta de persecución o un esquema de control y terminar violando la propiedad privada. Además de generar gasto público y mayor burocracia”, expresó el legislador.
“Es que el proyecto de ley, en su capítulo 1ro, declara que la protección del suelo y del agua es de interés público. Por lo que estimo podría abrir la puerta a que el Estado tenga un poder superior sobre la tierra privada, desplazando el derecho de propiedad. Es decir, cualquier decisión de un productor puede ser intervenida, fiscalizada o directamente prohibida por la autoridad de aplicación”, explicó Bugallo.
Además, en los capítulos 1 y 3, se establece que todas las personas físicas o jurídicas tienen la obligación de colaborar y aplicar prácticas obligatorias de conservación. Es decir, el productor pierde su autonomía, ya que no decide libremente sobre su tierra y está obligado a someterse a planes de manejo supervisado por burócratas matriculados”, advirtió.
Otro punto a destacar del proyecto de ley es lo referido a las obligaciones de los productores. En este sentido, explicó Lucho Bugallo que “en los capítulos 2 y 5 se indica que los planes de “uso y manejo” de los suelos, solo pueden ser firmados por Ingenieros Agrónomos matriculados en el Colegio de Ingenieros de la Provincia (CIAFBA), convirtiendo a los productores en rehenes de una corporación que cobra honorarios obligatorios”.
Asimismo, se crean Distritos de Cuidado del Suelo y Agua definidos por el Estado (Cap. 4), que obliga a los productores a integrarse en Consorcios. Incluso, se pretende que los planes de uso y manejo del suelo sea obligatorio; es decir el productor no podría decidir qué sembrar, ni cómo rotar los cultivos si una autorización estatal.
Explicó el legislador de la Coalición Cívica, que “en el Cap. 6, se ofrecen beneficios impositivos a quienes cumplan y sanciones (multas, exclusión de planes y beneficios), a quienes no lo hagan”. Esta iniciativa del Colegio de Ingenieros Agrónomos bonaerenses, se financiaría con el 0,08% del presupuesto provincial, las multas y con donaciones.
En tanto, “los ingenieros agrónomos que no cumplan serán sancionados (Cap. 6), lo cual puede terminar en un sistema de autocensura y obediencia ciega a la autoridad de aplicación en lugar de un asesoramiento libre e independiente. Los profesionales se convertirían en agentes de control del Estado, no en asesores de los productores”, consideró Bugallo.
Y cierra el largo escrito con una sentencia: “En lugar de fomentar la innovación, la inversión y la libertad de producción, este proyecto promueve un esquema intervencionista y corporativista que puede ser usado como herramienta de persecución política y económica contra el campo”.
Cabe destacar que la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) anoche, y mediante un posteo del propio presidente de la entidad, Ignacio Kovarsky, expresó su rechazo al proyecto de ley de Suelos que presentó CIAFBA, “porque avanza sobre la propiedad privada de los productores imponiendo controles, sanciones y burocracia que nada aportan al cuidado real del recurso” e identificó los 10 puntos que más le preocupan.