La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario revocó una resolución que suspendía el ingreso de Viterra, ACA y Bung a Vicentin, y que inhabilitaba a la agroexportadora a “enajenar por cualquier vía sus activos”.
La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario emitió un fallo durante este viernes –horas antes de que inicie la feria judicial– en donde dejó sin efecto una resolución dictada en junio del año pasado, la cual impedía que Vicentin “enajenara sus activos”. Además, permite que “inversores estratégicos”, como Viterra, ACA y Bunge, ingresen a la empresa, para que la misma pueda salir del concurso preventivo de acreedores. Denuncian que esta maniobra podría generar una concentración en el mercado agroexportador.
Sin embargo, la Justicia Penal de Rosario -a raíz de una medida reclamada por el fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Miguel Moreno- prohibió cualquier modificación de la composición accionaria de la Vicentin Saic y sus firmas vinculadas, por lo que habrá que ver cómo compatibilizan estas dos resoluciones, de contenidos opuestos.
Las juezas Elida Isabel Vidal y Silvina Andalaf Casiello –en disidencia con el magistrado Aníbal Pineda– decidieron dejar sin efecto una resolución promulgada por el juez federal de Rosario, Carlos Vera Barros, el 24 de junio del año pasado, en la cual se dejaba sin efecto los contratos celebrados entre Vicentin y otras empresas, mediante los cuales se pretendía conseguir un financiamiento extra para que la firma nacida en el norte santafesino pueda salir del concurso preventivo de acreedores.
La medida cautelar –dispuesta por el juzgado federal Nº2 de Rosario– había sido solicitada por la Asociación Civil Red Argentina de Consumidores. La misma suspendía todos los contratos celebrados entre Viterra Argentina S.A., Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) y Bunge Argentina S.A. (llamados los interesados estratégicos) con Vicentin SAIC, los cuales datan del 28 de abril y del 16 de junio de 2022. Con estos acuerdos, estas compañías pretendían incorporarse a Vicentin como salida al concurso de acreedores.
Al hacer lugar a la medida cautelar, Vera Barros ordenó la suspensión de los efectos de los contratos celebrados entre Vicentin y ACA, Viterra y Bunge, y dispuso “no realizar acto alguno que implique la enajenación por cualquier vía de los activos” de la concursada.
En su escrito, la asociación civil Red Argentina de Consumidores planteó que la liquidación de los activos de Vicentin en beneficio de los interesados estratégicos generaría “un grave impacto sobre el mercado alimentario y para la población en general”, tanto en términos de concentración del primero como suba de precios para la segunda.
En este sentido, había indicado que las empresas involucradas ocupaban un rol preponderante en el mercado agroexportador y de producción alimentaria: las firmas que pretenden adquirir el control de Vicentin concentran un porcentaje superior al 70% del mercado interno y un 50% del mercado exportador.
Por este motivo –y a entender de la asociación civil– podría generarse una concentración económica cuyo efecto podría restringir o distorsionar la competencia en el segmento de productos primarios y derivados.
Sin embargo, la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario dio marcha atrás con la decisión de Vera Barros.
En su resolución, la jueza Vidal indicó: “La norma vigente (art. 84 de la ley 27.442) contempla la posibilidad de que las operaciones instrumentadas en los contratos que fueron objeto de la medida cautelar se notifiquen previamente o hasta una semana a partir de la fecha de conclusión del acuerdo”.
En cuanto a la venta de Vicentin, la magistrada consideró: “En las adquisiciones de la propiedad o de cualquier derecho sobre acciones o participaciones, el día en que quedare perfeccionada la adquisición de tales derechos de acuerdo con el convenio o contrato de adquisición y en los demás casos, el día en que quedara perfeccionada la operación en cuestión en virtud de las leyes respectivas”.
