Sigilosamente, el domingo 6 de diciembre 2020, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial el decreto 975 que modifica el presupuesto general de la administración nacional. Por más que se haya oficializado un fin de semana, no es una norma para nada menor, al menos para el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA): el Gobierno tomó de ese organismo $24.000 millones, tres veces más que lo que hizo el año pasado Mauricio Macri, hecho que en ese momento despertó fuertes críticas dentro y fuera del ente.
Según lo dispuesto por esa norma, el INTA, a través del Ministerio de Agricultura, del cual es un organismo descentralizado, deberá «constituir una aplicación financiera gratuita a favor del Tesoro Nacional». Además de este organismo, también lo harán el Ministerio del Interior, por $30.000.000.000; la Superintendencia de Seguros de la Nación, por $7.000.000.000; el Ente Nacional de Comunicaciones, por $5.000.000.000 y el Instituto Nacional de Promoción Turística, por $5.000.000.000.
Para instrumentar esto, según la misma resolución oficial se dispusieron pagarés con fecha de emisión del 15 de diciembre y vencimiento en marzo próximo, al menos en lo formal. En el caso del INTA, el gobierno nacional le dará un pagaré de $24.000 millones.
En el INTA le bajan al tono a cualquier polémica en torno de esto diciendo que «no afecta el normal funcionamiento» de la institución.
«Es un préstamo transitorio financiero por 90 días, al igual que se hizo con el gobierno anterior. No afecta el normal funcionamiento y financiamiento de la institución. Hay un compromiso de devolución de esos fondos que está establecido por decreto para el 15 de marzo», señaló al diario La Nación una fuente del organismo.
Según los considerandos del Boletín Oficial, con lo que se le saca al INTA y a los otros organismos, con la promesa de devolución en marzo próximo, se financiarán adecuaciones para seguridad social y prestaciones, refuerzo del Ministerio de Salud para la compra de vacunas en el marco de la emergencia por el Covid-19 y, entre otros puntos, asistencia para la Dirección Nacional de Vialidad, la Biblioteca Nacional y la Agencia Federal de Inteligencia.
Este año, el presupuesto del INTA fue el de 2019 más un refuerzo de $2337 millones, lo que totalizó $10.129 millones.
El INTA tiene autarquía financiera ratificada en 2002 por la ley 25.641. Se trata de una autarquía operativa y financiera que se basa en el Fondo Nacional de Tecnología Agropecuaria (FNTA).
El denominado FNTA se integra con los saldos no comprometidos al final de cada ejercicio. Esos saldos integran una «Cuenta Banco Escritural INTA». Según pudo saber LA NACION, si bien el Consejo Directivo del INTA tiene plena competencia sobre la administración del FNTA, para la disponibilidad también se requiere una decisión de la Jefatura de Gabinete. Para fin de este año la proyección del FNTA era hasta hace poco más de $28.500 millones.
Para que el gobierno tome del INTA ahora $24.000 millones, se estima que el organismo este año habría generado ingresos muy superiores a los $30.000 millones. En el INTA sostienen que, si bien el presupuesto es el que establece el Poder Ejecutivo nacional, la recaudación siempre es mayor por los otros ingresos que quedan depositados en la cuenta especial.
En base a este fondo, el diputado nacional por Santa Fe Marcos Cleri (Frente de Todos) presentó un proyecto de ley para la creación del Fondo Fiduciario del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Finta).
Con la plata de este fondo, que se financiará, entre otras fuentes, con un 30% del FNTA y otro 30% de los remanentes que se incorporen a él al final de cada ejercicio, se apuntará a la cofinanciación de proyectos que incrementen la competitividad del agro.
Según lo dispuesto en el proyecto de Cleri, el Finta buscará «financiar, avalar, pagar y/o repagar las inversiones, los tributos y los gastos conexos necesarios para la ejecución de proyectos, programas y actividades de investigación, extensión, desarrollo de nuevas tecnologías, innovación productiva, y en general, para la realización de actividades que contribuyan a mejorar la competitividad sistémica de los territorios y el desarrollo agropecuario, agroalimentarios, agroindustrial y bioindustrial del país, propias del INTA, y a través de la celebración de convenios específicos con igual finalidad y dentro de su Plan Estratégico Institucional vigente, con otros organismos de investigación del Estado Nacional, de las provincias, municipios, universidades nacionales, asociaciones de productores , cooperativas, Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritario, y pequeñas y medianas empresas biotecnológicas que contribuyan al fortalecimiento de la innovación del sistema científico-tecnológico nacional, con la participación del INTA en la ejecución de los mismos».
El pagaré que había dado Macri venció este año y fue a engrosar esa cuenta especial de la cual hoy toma, tres veces más, Alberto Fernández.
