La autoridad monetaria comunicó este miercoles que no renovará la medida que vence esde domingo 30 de junio. La mesa de enlace lo pedía desde meses atrás y este miércoles dijo que iba “a contramano” de la libertad económica”.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispuso este miércoles no renovar la circular que impone un mínimo en la tasa de financiamiento bancario a la que pueden acceder productores cuando mantienen un stock de soja superior a 5% de su producción. La medida había sido nuevamente reclamada, horas antes, por las 4 entidades de la Mesa de Enlace.
La norma, promulgada en septiembre de 2022, vence el 30 de junio y fija un piso equivalente al 120% de la tasa de política monetaria.
“Esta decisión constituye un paso más en el camino trazado por el BCRA con miras a normalizar el funcionamiento del sistema financiero y fomentar el crédito doméstico al sector privado productivo”, indicaron desde la entidad que preside Santiago Bausili.
A su vez, señalaron que esta adecuación normativa complementa otras medidas como la Comunicación A8043 del pasado 13 de junio, que flexibilizó las normas de crédito para el conjunto de entidades que califican como Grandes Empresas Exportadoras (GEE). En esa ocasión, se eliminaron restricciones al financiamiento en moneda extranjera, junto a otras actuaciones flexibilizadoras.
Desde el BCRA además señalaron que, a medida que avanza en la recuperación de la estabilidad macroeconómica, sus autoridades seguirán “evaluando opciones para flexibilizar regulaciones distorsivas y discriminatorias, con el fin de facilitar el redireccionamiento del crédito bancario desde el sector público al privado productivo”.
Una medida que era muy cuestionada
La resolución, que fue creada durante la presidencia de Alberto Fernández y renovada por el gobierno actual en diciembre, vence este domingo, 30 de junio. “Es una de las medidas más injustas aplicadas en los últimos años”, enfatizaron los ruralistas de la mesa de enlace al renovar este miércoles sus críticas a la disposición oficial.
En ese sentido, argumentaron que se trata de “un gravamen que va a contramano de la desregulación y la liberación económica pregonada por la actual administración nacional”. A su vez, evaluaron que significa “un mayor costo financiero y atenta contra el crecimiento del sector”.
“Es inadmisible que se continúe aplicando una medida copiada del kirchnerismo que sólo conlleva discriminación y hasta ignorancia. El Gobierno debiera saber que los productores agropecuarios no utilizan sus granos de manera especulativa, simplemente guardan parte de su producción como reaseguro, ahorro y hasta forma de pago”, explicaron.
