A la presentación que hizo al Coalición Cívica ahora se le sumó un ONG que defiende a las pymes.
A la denuncia penal motorizada por la Coalición Cívica y que apunta a los funcionarios que pusieron en práctica el Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (Feta), creado en marzo de 2022 con el objetivo de subsidiar el precio del pan, ahora una ONG también cursó una presentación en la justicia
El plan fue gestado por ex secretario de Comercio, Roberto Feletti y reunió 400 millones de dólares de unas retenciones adicionales a la soja con el pretendido objetivo de atenuar la suba del pan subsidiando los precios mayoristas de la harina.
El nuevo pedido de investigación apunta al fideicomiso por favorecer una posición dominante en el mercado, en claro perjuicio de los molinos más pequeños.
La denuncia de la Coalición Cívica puso el foco en Feletti, porque se sospecha que construyó todo ese andamiaje para favorecer a una sola empresa, Molinos Cañuelas, que está endeudada por 1.300 millones de dólares, incluso con el Fisco y la banca pública.
“El FETA no hizo más que favorecer la posición dominante de un grupo empresario en el mercado de la harina de trigo, mediante una evidente maniobra de competencia desleal en perjuicio de las pequeñas empresas. Jamás sirvió para contener la suba del pan. Los precios del pan común medidos por el INDEC pasaron de 207 pesos por kilo en diciembre de 2021 a 428 pesos a fin de 2022”, dice un comunicado del la ONG Impulsar, ligada al socialismo santafesino, que presentó esta nueva denuncia.
Esa misma asociación civil, dedicada a la defensa de las Pymes, en 2016 presentó una denuncia y logró demostrar que Molino Cañuelas ejercía una clara posición dominante en el negocio. Esto incluso le valió, en abril de 2022, una fuerte multa aplicada por el gobierno nacional a través de la resolución 332/22 de la misma Secretaría de Comercio por 150 millones de pesos.
Pero en aquel momento, al mismo tiempo en que aplicaba la multa y se comenzaba a tramitar un concurso de acreedores tan importante como el de Vicentin, Feletti creó este fideicomiso en el que únicamente ingresaron al principio tres molinos, y dos de ellos eran parte del grupo Cañuelas. A ellos les pagó el ex funcionario, horas antes de renunciar, 1.400 millones de pesos. Luego, con el correr de los meses, algunas empresas más se sumaron para recibir compensaciones, pero siempre fueron absoluta minoría frente a una mayoría de molinos que se negaron a ingresar porque no podían correr el riesgo de financiar al Estado vendiendo la harina por debajo de sus costos.
En esta nueva presentación, Impulsar acusó a la Secretaría de Comercio (conducida actualmente por Matías Tombolini), a Molinos Cañuelas y a la Federación Argentina de la Industria Molinera (Faim) de “utilizar el Feta con fines de dominación de mercado y para revertir la situación ruinosa de la empresa, que a pesar de tener esa posición dominante y controlar más del 20% de la molienda de trigo en la Argentina enfrenta un concurso de acreedores con pasivos multimillonarios, que se aproximan a los 1318 millones de dólares al momento de iniciado el trámite judicial”.
Justamente esta denuncia -que se suma a otra que iniciaron en el fuero penal diputados de la Coalición Cívica- se conoce en momentos en que Sergio Massa, el ministro de Economía ha ordenado a Tombolini mantener el FETA en funcionamiento en 2023, y subsidiar a las empresas que vendan la harina barata con nuevos recursos obtenidos de las retenciones sojeras. El titular de la FAIM, Diego Cifarelli, confirmó en las últimas horas que esa es la decisión oficial y planteó que ahora -por la imposibilidad de competir con Cañuelas- hay otros 20 molinos que esperan ingresar, y que se sumaría a una lista de 23 que ya están dentro del fideicomiso.
“Existen serios indicios de que Cañuelas organizó el FETA a través de la FAIM y utilizó a la Secretaría de Comercio para su beneficio personal en detrimento de las necesidades reales del Estado y en perjuicio de los molinos”, dice en un tramo la denuncia presentada por la ONG y que fue ratificada ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia en los últimos días.
¿Y en qué se fundan los denunciantes para decir que este fideicomiso fue un traje a medida de Cañuelas? En que “el Fondo Compensador se implementó durante la gestión del ex secretario Roberto Feletti con requisitos de admisión y condiciones de funcionamiento que eran de cumplimiento leonino y ruinoso para las empresas molineras de menor dimensión, que se venían recuperando y que así se veían excluidas. Se fijaban precios por debajo de los costos para las empresas chicas y un método de desfinanciamiento de su capital de trabajo. Sin embargo, Molinos Cañuelas y su controlada Molinos Florencia fueron los primeros en inscribirse para percibir el subsidio o compensación estatal”, resume la denuncia.
Y completa: “De este modo, con un grupo reducido de empresas adheridas dejaron afuera a la inmensa mayoría de los 151 molinos harineros. Mientras tanto, el Grupo Cañuelas no solo pudo seguir funcionando pese a sus abultados pasivos sino que recuperó una porción del mercado que era ya abusiva e incluso la superó alcanzando un 29,52% en junio de 2022″.
Es decir que con el dinero oficial que supuestamente debía beneficiar a los consumidores (cosa que no consta que haya sucedido), la empresa más grande del mercado harinero incrementó su participación en en negocio, quitando clientes a los más chicos. “Hoy (por Molinos Cañuelas) logra una molienda que supera varias veces la que conseguía en el período de enero-abril del mismo año, un 24%, con el absurdo de lograr 5 puntos más por mes y acumular en doce meses 60 puntos de excedente”, precisó la denuncia.
Mientras Cañuelas “superó su cupo con creces”, para Impulsar “alguien se perjudicó”. “El segundo molino en el ranking de la molinería que compite en panaderías no alcanza a una participación del 4% y los restantes en promedio diputan entre un 2% y un 0,2% del mercado”, se autocontestó.
La denuncia recordó que este impacto distorsivo del FETA fue ampliamente anticipado por diversas instituciones, incluyendo a las tres cámaras de la industria molinera, comenzando por la FAIM, que “además de ofrecer otras alternativas viables y de mayor eficacia, objetaron la utilización de estos mecanismos de intervención que ya en el pasado habían demostrado sus efectos negativos en el mercado interno como la ex ONCCA”.
“La Asociación Civil Impulsar confía en que esta denuncia por infracciones a las leyes de defensa de la competencia y por abuso de posición dominante por parte de Molino Cañuelas será investigada por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. A esta CNDC se le ha pedido concretamente la inhibición de la Secretaría de Comercio, además de una medida cautelar de suspensión del sistema y la aplicación de las multas que correspondan ante la gravedad de los sucesos y la inmediata suspensión del FETA como mecanismo distorsivo impulsado por las propias autoridades de la Secretaría de Comercio y la FAIM”, dice el comunicado, donde se advierte que hará lo propio “ante la Justicia Federal en lo Penal”.