La judicialización de las retenciones suma un nuevo capítulo a la película del enfrentamiento que ha dominado la escena política-económica entre el campo y al kirchnerismo.
Ante la presentación del amparo en Córdoba que hizo la Sociedad Rural Argentina y la Sociedad Rural de Jesús María en los tribunales de Córdoba, desde el Gobierno lo ven como «una chicana» de los ruralistas y remarcaron «la medida que se dictó cuando se tenía la facultad sigue vigente hasta que se deroga».
Es que la caja que recauda del gobierno en concepto de derechos de exportación (DEX) es millonaria. Entre los 6 cadenas agroindustriales más importantes, la Bolsa de Comercio de Rosario estimó que el 2022 finalizaría con un aporte en retenciones cercano a US$ 9.311 millones, US$ 200 millones superior al 2021, representando el tributo el 8,8% de la recaudación tributaria nacional. Y si se toma la recaudación tributaria de la Administración Nacional (que se descuenta lo que va a ANSES y lo que va a las provincias) representó el 20% del total.
Las retenciones han marcado la relación entre el campo y el kirchnerismo. Desde la famosa ley 125 en 2008, que provocó el paro agropecuario por 129 días y el «no positivo» de Julio Cobos, porque el entonces vicepresidente de Cristina Kirchner, hasta la administración de Alberto Fernández, que trajo la judicialización.
Una de las primeras medidas que tomó el gobierno actual en diciembre de 2019 fue volver a fijar las retenciones en porcentaje y las subió al 12% en trigo y maíz y al 30% en soja luego de que se aprobara la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. Esto trajo la reacción del campo que incluyó una medida de fuerza y manifestaciones en varios puntos del país. Y dos meses más tarde, en febrero de 2020, elevó otra vez el tributo a la soja al 33% (el tope que marca la ley).
Tras la llegada de Julián Domínguez a la cartera agropecuaria el 20 de septiembre de 2021, la relación entre el campo y el gobierno tuvo un punto de inflexión. La flexibilización del cepo a las exportaciones de carne en el último tramo del 2021 calmó a los ruralistas, y sobre todo, el nuevo esquema que se oficializó este año con las embarques libres, salvo para los 7 cortes más consumidos en el país.
De todas maneras, los ruralistas mantienen la guardia alta ante los nuevas intervenciones que se están dando en los mercados de trigo y maíz, que tantos malos recuerdos que trajeron las políticas de Guillermo Moreno con los Roes.
Primero ante la creación de un nuevo sistema para exportar ambos cereales, considerando los «volúmenes de equilibrio» para abastecer el mercado interno.
Y ahora preocupa el armado de un fideicomiso para ambos cereales que prepara Roberto Feletti, secretario de Comercio Interior, para subsidiar harinas y fideos, que pone en alerta otra vez al sector ruralista que ya manifestó su rechazo esgrimiendo que perjudican solamente al productor. La evalúan como «una retención encubierta, una alternativa que quieren imponer desde el Gobierno al aumento de los derechos de exportación» que preveía el proyecto de Presupuesto 2022 rechazado en diciembre en el Congreso.
«Estos instrumentos no serían necesarios si no hubieran permanentes intervenciones y fijaciones de precio por parte del Gobierno, si se pudiera trabajar libremente en la oferta y demanda, si se accediera a los precios que existen en la realidad», afirmaron los dirigentes agropecuarios.
