Un mes y medio después del anuncio, el presidente Alberto Fernández firmó ayer el proyecto de Ley de Desarrollo Agrobioindustrial que fue girado para su tratamiento a la Cámara de Diputados. El mismo busca implementar medidas que promuevan la inversión, la producción, la mejora en la competitividad y el empleo en la cadena agroindustrial.
Todo surgió de la propuesta que presentó el año pasado el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), promoviendo para los próximos 10 años exportaciones por USD 100.000 millones y la generación de 700.000 nuevos puestos de trabajo, y que fue trabajado todo este último tiempo junto a los integrantes del gabinete económico.
El anuncio de la puesta en marcha del proyecto fue el pasado 30 de septiembre. El acto en Casa Rosada se transformó en la primera aparición conjunta de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, tras la crisis que se desató en el Frente de Todos tras la dura derrota electoral del oficialismo en las elecciones primarias.
Integrantes del Consejo Agroindustrial Argentino destacaron que la elevación del proyecto representa un primer paso pero que no soluciona los problemas que hoy enfrenta el sector, como por ejemplo la elevada presión impositiva a través de los derechos de exportación. Además señalaron que defenderán en el Congreso la propuesta, para que sea aprobada rápidamente. Por su parte, los dirigentes que conforman la Mesa de Enlace cuestionaron al proyecto, ya que consideraron que se deberían contemplar otros aspectos como la baja de los derechos de exportación hasta su eliminación definitiva y la unificación del tipo de cambio, entre otros.
Mediante el proyecto se crea el “Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador”, que tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025, inclusive, y donde el Poder Ejecutivo estará facultado para extender el mencionado plazo hasta cinco años, siempre que el cumplimiento de los objetivos y finalidades así lo requieran. Hay que recordar que el proyecto original del Consejo Agroindustrial promovía un plazo de duración de 10 años.
El objetivo que trazó el Gobierno y el Consejo Agroindustrial es potenciar el valor agregado del sector agroindustrial a través de la incorporación de inversiones y de mayor tecnología (semillas, fertilizantes, genética, etc.), y propone otorgar un bono de crédito fiscal computable ante el impuesto a las Ganancias por las compras incrementales en fertilizantes, semillas, bioinsumos y genética y sanidad animal.
También se promueve un aumento de la producción de carne, mediante incrementos en la productividad de la hacienda y el peso de faena para tener una mayor oferta de carne y evitar tensiones entre exportación y abastecimiento en el mercado interno. Para eso, la propuesta prevé otorgar un tratamiento más beneficioso en el impuesto a las Ganancias, difiriendo el impuesto para quienes produzcan animales con mayor peso, para de esa manera obtener más kilos de carne por cabeza.
Por otro lado, en caso de ser aprobado el proyecto en el Congreso, habrá incentivos para que el productor pueda sumar nuevas tecnologías con fuerte participación de componentes nacionales, mediante el otorgamiento de beneficios tributarios para mejorar la rentabilidad de las nuevas inversiones en infraestructura y maquinaria y equipos agroindustriales, entre otras.
Beneficios
Entre los beneficios que prevé el proyecto se destacan las amortizaciones aceleradas en Ganancias, donde las inversiones en máquinas y equipos se podrán amortizar en menos cuotas (de 3 en adelante, en lugar de las 10 usuales) y las obras de infraestructura con un beneficio máximo de reducción del 50% de su vida útil, mejorando la rentabilidad del proyecto de inversión. En el caso de las máquinas y equipos, el beneficio máximo será para bienes para los cuales existe oferta nacional. Se encuentran excluidos automóviles y viviendas.
Además, habrá devolución del IVA pagado por inversiones en mejores condiciones respecto al régimen general vigente, se reduce de 6 a 3 meses el plazo para solicitar su devolución, y se flexibiliza el requisito de que, luego de devuelto el IVA, debe generar en 60 meses un monto de IVA igual a lo devuelto. A tal fin se usará para el cómputo en todos los casos la alícuota general del 21%.
Otro de los beneficios es el otorgamiento de un bono de crédito fiscal equivalente al 15% del monto gastado en semillas fiscalizadas de especies autógamas, fertilizantes e insumos -incluyendo los biológicos- y mejora en la genética y sanidad de la hacienda vacuna. El crédito fiscal sería computable contra el impuesto a las ganancias.
