El nuevo marco regula los porcentajes de corte y mezcla de biocombustibles hasta el 31 de diciembre de 2030.
Tras una extensa jornada, con 43 votos a favor y 19 en contra, el Senado aprobó el nuevo “Marco Regulatorio de Biocombustibles”. El proyecto del Frente de Todos reemplazará al Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentable de Biocombustibles (Ley 26.093) sancionado en el año 2006 y cuya validez se extendía por 15 años.
La nueva normativa, que tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre del 2030, con posibilidades de extenderse por 5 años más, establece una reducción del corte obligatorio en la mezcla entre biodiesel y gasoil del 10 % al 5%, con una eventual reducción al 3 %. En el caso del bioetanol en las naftas mantiene el 12 % actual, incluyendo caña de azúcar y de maíz en partes iguales (un 6 % para cada insumo), con eventual reducción al 9 %. Además, se mantendrán los beneficios impositivos al fijar que ninguno de los biocombustibles estarán gravados por el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y por el Impuesto al Dióxido de Carbono (ICO2).
Al respecto, el secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, expresó que «los niveles de corte definidos son el resultado del diálogo con los actores productivos, y tienen como objetivo sostener e incrementar la actividad, que es generadora de puestos de trabajo». Y agregó: «Con esta ley reafirmamos la voluntad del presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el camino de cuidar el trabajo de los argentinos y las argentinas, brindando al sector de los biocombustibles un horizonte de mediano y largo plazo para continuar su expansión, en la misma senda de la ley original».
Con el objetivo de “asumir los desafíos de la transición energética y alentar el trabajo y la producción», la Secretaría queda definida como autoridad de aplicación del nuevo régimen. Entre sus potestades podrá efectivizar las reducciones «cuando el incremento en los precios de los insumos básicos para la elaboración del biodiésel pudiera distorsionar el del combustible fósil en el surtidor, o ante situaciones de escasez por parte de las empresas elaboradoras». A la inversa, Martínez podrá «elevar el referido porcentaje mínimo obligatorio cuando lo considere conveniente en función del abastecimiento de la demanda, la balanza comercial, la promoción de inversiones en economías regionales y/o razones ambientales o técnicas».
Para monitorear el estado de la actividad y las necesidades de cada región del país se contempla la creación de una «Comisión de Biocombustibles», de la que participarán organismos nacionales, y de un «Consejo de Provincias Productoras».
La oposición cuestionó la «discrecionalidad» que se le atribuye al organismo de control y entre los argumentos de quienes votaron en contra se encontraron los aspectos ambientales y las amenazas que las definiciones del marco regulatorio supondrían para la industria y la generación de empleo.
En tanto, las opiniones de los referentes del sector se encuentran divididas. Los productores de bioetanol de caña de azúcar manifestaron no solo estar conformes, sino también haber sido considerados sus pedidos en el cuerpo del proyecto desde el comienzo del debate. En declaraciones a La Nación Jorge Feijoo, presidente del Centro Azucarero, afirmó que del planteo de nueve puntos «cinco generales y cuatro directamente vinculados al etanol, todos fueron contemplados en la ley».
Por su parte, un comunicado firmado conjuntamente por Claudio Molina, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno (AABH) y Axel Boerr, presidente Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados (CAPBA) manifestaron que la negativa del oficialismo a la modificación del artículo 8° referido al corte del biodiesel implicará «la quiebra de un número importante de empresas productoras pymes y la consecuente pérdida de empleos».
