Como consecuencia de la guerra, ya hay 23 países que restringieron exportaciones. Mientras tanto en el Gobierno argentino, fundamentalmente funcionarios ligados al kirchnerismo duro, creen que hay clima favorable para dar el debate sobre el aumento a las retenciones (derechos de exportación).
La pregunta que ya está instalada en el ámbito económico es: ¿resistirá el Gobierno el embate del kirchnerismo para aumentar por decreto las retenciones al a exportación agrícola? El tema cobró fuerza con los últimos acontecimientos políticos, empezando por la renuncia de Roberto Feletti a la secretaría de Comercio, que dejó en claro la visión del kirchnerismo sobre cuál debe ser la forma de combatir la inflación.
Pero, además de la presión política interna, hay otro factor que se suma: el contexto internacional parece dar argumentos a quienes defienden una postura que, hasta hace poco tiempo, se consideraba imposible de llevar a la práctica sin pagar altos costos políticos.
Ahora, al recrudecer la inflación internacional, se han multiplicado las voces de alerta sobre el riesgo de una hambruna a nivel global. La primera noticia que causó un shock fue el cierre exportador de India, el segundo mayor productor de trigo -detrás de la zona del Mar Negro- y que cuenta con el 10% de las reservas mundiales de ese cereal, y acaba de sufrir una grave sequía que puso en riesgo su reserva alimentaria.
Y, lejos de ser un caso aislado, empieza a ser la norma: desde el inicio de la guerra, ya suman 23 los países que han puesto restricciones a sus exportaciones agrícolas, por un monto que afecta al 10% del comercio internacional de alimentos. También se afectó un quinto de las exportaciones de fertilizantes a nivel mundial.
Otro caso impactante fue el de Indonesia, que declaró una prohibición temporaria de exportaciones de aceite de palma, un producto del cual es principal productor mundial, con 60% del mercado exportador.
Figuras de alto perfil para el establishment mundial, como Andrew Bailey, presidente del Banco de Inglaterra, han llamado la atención sobre las posibles consecuencias catastróficas que vienen a nivel global. Bailey levantó polvareda al hablar del tema en un discurso en el que pidió perdón por ser «apocalíptico» al pronosticar subas continuas de alimentos y un mayor desempleo.
Ese clima fue reforzado por la última tapa de la influyente revista The Economist, donde con la foto de tres espigas de trigo -de las que, cuando se mira de cerca, penden tenebrosas calaveras- se lee el título: «La catástrofe alimenticia que se viene».
Y argumenta que, como entre Rusia y Ucrania suman 12% del comercio mundial de alimentos -incluyendo un 28% del trigo y un 75% del aceite de girasol-, la situación bélica tenderá a empeorar la falta de alimentos, cuando empiece a sentirse con más crudeza el efecto de los bloqueos a los puertos exportadores en la zona del conflicto bélico.
Claro que ahí es donde terminan las coincidencias. Porque mientras para algunos, con óptica proteccionista, las retenciones son parte de la solución a la inflación, otros desde una visión liberal consideran que sólo contribuirán a agravar el problema, al reducir la oferta de alimentos.
¿Llegó el momento correcto?
Lo cierto es que, en este momento, el kirchnerismo no solamente lo está desafiando a Alberto Fernández a que abandone su estilo moderado y que adopte una actitud confrontativa con los «poderes concentrados». Sobre todo, lo que está argumentando es que, a diferencia de lo que podía ocurrir en otro momento -como en el recordado conflicto de 2008 con los sojeros- hoy la opinión pública podría apoyar una medida como las retenciones.
«Hoy estamos en mejor condición de dar el debate que en 2008. La situación del trigo hoy no es la misma que hace dos o tres meses cuando se decidió no aplicar esos tres puntos más de retenciones que hay que aplicar», sostuvo Agustín Rossi, a quien en aquel entonces le tocó liderar el debate parlamentario en nombre del kirchnerismo.
Según Rossi, hoy el contexto internacional, sumado a la inflación interna de Argentina, hace que sea más fácil ganarse el apoyo de la opinión pública, pero que lo que está obstaculizando esa situación es la falta de una estrategia comunicacional adecuada en el Gobierno.
Y son muchos los que piensan de esa manera, tanto del lado afín a Cristina Kirchner como en el entorno del Presidente.
Por caso, el economista Emmanuel Álvarez Agis, uno de los que suenan como «ministeriables», sostuvo que el Gobierno tiene que reevaluar sus prioridades: «El pan se hace con trigo, no con reservas del Banco Central. Y si el trigo está caro, no importa que rebalses de reservas, el pan va a estar caro», sostuvo.
u postura es que el Gobierno debe analizar con expertos del sector para definir si la mejor medida a aplicar es una suba de retenciones o la implementación de cupos diferenciados para cada producto. Pero sostiene que hay que tomar conciencia de que la guerra en Ucrania no generará una alteración de pocos meses en el mercado global, sino que puede traer consecuencias de larga duración.
«Y si en esa medida hay que sacrificar algo de reservas, soy de los que piensan que hay que hacerlo», enfatizó. Aunque se diferenció de sus colegas kirchneristas al afirmar que ese debate «no tiene nada que ver con la inflación», donde entran en juego desequilibrios de la macroeconomía local.
La mutación de Alberto Fernández
Y todo indica que Alberto Fernández empieza a ser permeable a estas argumentaciones. Ya hace un mes, se mostró de acuerdo con un editorial de Roberto Navarro, uno de los comunicadores influyentes del espacio oficialista, quien había sugerido que una forma de superar la fisura interna en la coalición gubernamental era que el Presidente anunciara medidas excepcionales amparándose en el argumento del nuevo contexto internacional.
Su argumento es que, en vez de mejorar por la guerra, Argentina puede ir a más de 50% de pobreza «y a 3.000 productores convertidos en jaques árabes con ganancias extraordinarias, impensadas en épocas de paz».
Por eso, sugirió a Alberto Fernández una suba de retenciones que retrotraiga el ingreso de los productores al momento anterior a la guerra de Ucrania y que se genere un fondo anti-cíclico, parte del cual podría coparticiparse a las provincias-y de esa forma evitar la oposición de los gobernadores de las regiones agrícolas- y que otra parte se destine a una devolución a los productores en caso de una baja en los precios internacionales.
El Presidente de inmediato dijo que estaba de acuerdo con su postura. Y a los pocos días se notó un cambio en su discurso: ya no plantea su negativa a subir retenciones como una convicción conceptual de quien no las cree eficaces, sino como la constatación de falta de apoyo político.
Lo cual lleva a pensar que, en la medida en que dentro del peronismo logren persuadirlo de que tendrá un respaldo popular -y que no revivirá la ola de repudio que sufrió tras su intento de estatización de la cerealera Vicentin-, Alberto Fernández está cada vez más proclive a considerar el tema. De hecho, en este momento el debate interno ya no está planteado en términos de si las retenciones son buenas o malas, sino si se deberían ser necesariamente aprobadas por ley del Congreso o si el Gobierno puede imponerlas por decreto.
Y en las últimas intervenciones públicas, el Presidente desafió a la oposición política a que le presenten «una alternativa mejor» a la suba de las retenciones, casi un aviso de que la toma de la medida puede ser inexorable.
Algunos dirigentes opositores tomaron su desafío y le hicieron planteos en el sentido absolutamente inverso al que espera el peronismo, como el diputado Pablo Torello, quien presentó un proyecto de ley para bajar los derechos de exportación de trigo a cero. «Con esta medida, además de abastecer a gran parte del mundo, nuestro país tendrá garantizado el consumo interno», argumentó.
También el diputado Ricardo Buryaile -ex ministro de Agricultura macrista- hizo su aporte, al proponer una baja de impuestos a los sectores de menores ingresos, eliminando el IVA a alimentos básicos o en la tarjeta Alimentar. «Subir retenciones afecta la producción, no le llega a la gente y no soluciona la inflación», argumenta el diputado, que recordó que mientras el trigo incide apenas un 12% en el precio del pan, los impuestos se llevan un 40%.
Presión redoblada
Pero todo indica que Alberto Fernández está muy lejos de tomar en consideración esas propuestas de la oposición. Primero, porque políticamente implicaría un terremoto dentro del Frente de Todos. Pero, aun cuando lo tentara la idea de bajar simultáneamente retenciones e impuestos a los alimentos, eso tendría un costo fiscal y una pérdida de reservas que el ministro Martín Guzmán y el staff del Fondo Monetario Internacional objetarían de inmediato.
Después de todo, las retenciones a la exportación explican un 8% de lo que ingresa a las arcas de la AFIP, y uno de los riesgos del Gobierno es no poder cumplir con el objetivo de reducir a 2,5% el déficit fiscal.
Es por eso que, descartadas las propuestas de combatir la inflación mediante el alivio impositivo, hoy cobra fuerza la presión kirchnerista para suba de retenciones: se respira el convencimiento de que es el momento.
En los minutos posteriores al alejamiento de Feletti -que alegó la necesidad de «desacoplar» los precios del mercado interno con los del mercado internacional, los reclamos aumentaron su intensidad.
Una ex ministra de economía, Felisa Miceli, no se mostró sorprendida por la renuncia, ya que «supimos que iba a tener encontronazos con el equipo económico». Y sobre el tema de las retenciones, argumentó: «Acá no se quiere entender que ese es un factor necesario, importante, para proteger la comida de las mayorías, y no las ganancias de unos pocos, que también pueden ganar».
También, con su característica vehemencia, la economista Fernanda Vallejos planteó: «La tonelada de trigo cotizaba en Rosario $1.200 en dic/15, cuando la alícuota de retenciones era 23%. Hoy, cotiza $45.000, con una alícuota de 12%. ¿Qué más hay que discutir? Señores, pónganse a la altura. Devolvamos el pan a la mesa de los argentinos».
E insinuó que el argumento de que no hay apoyo en el Congreso no puede ser un obstáculo: «¿En serio el ‘gran debate nacional’ va a seguir siendo sobre si podemos o no subir unos puntos las retenciones? ¿Vamos a seguir discutiendo el derecho a comer de los argentinos? Les recuerdo: ese derecho está en la Constitución Nacional, que siempre nombran y nunca aplican».
Entre otros economistas connotados que argumentaron en la misma línea se ubica Hernán Lechter, director del CEPA (Centro de Economía Política Argentina), a quien el mercado ve ahora como uno de los nuevos preferidos de Cristina Kirchner, que quería para él el cargo de Secretario de Comercio.
Pero, sobre todo, quien está determinada a avanzar con el tema de las retenciones es la propia Cristina Kirchner. No sólo cree que puede traer una mejora en la capacidad de consumo de los sectores de bajos ingresos sino que, además, cree que puede ser el hecho de alto impacto político que vuelva a insuflar épica en una militancia desmoralizada.
