Difícil que el titular del Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás, Dr. Carlos Villafuerte Ruzo se haya imaginado que su sentencia de restricción sobre uso de fitosanitarios en Pergamino iba a terminar con una pelea entre el INTA Pergamino, los ambientalistas y las entidades sindicales de la institución técnica.
Este tema comenzó en el mes de septiembre de 2019 cuando un fallo de Villafuerte Ruzo prohibió fumigar a menos de 1095 metros con aplicaciones terrestres y alejó a 3000 metros las aspersiones aéreas del ejido urbano, escuelas y cursos de agua. En octubre pasado, en un importante respaldo a los denunciantes, la Cámara Federal de Rosario ratificó el fallo de primera instancia y confirmó la prohibición de fumigar.
Desde ese momento hasta hoy se han multiplicado los reclamos de productores, entidades gremiales y hasta técnicas. En concreto los productores indican que la medida judicial ha afectado a más de 6.000 hectáreas cien por ciento productivas y a más de un centenar de productores pergaminenses que no pueden disponer de esas tierras.
Cabe destacar que uno de los lugares que quedó incluido dentro del perímetro con máxima restricción es la zona dónde está ubicada la Estación Experimental Agropecuaria INTA Pergamino que se encuentra sobre la Ruta 32. Esto en función que en ese edificio funciona un Jardín de Infantes para empleados y la Escuela de Ciencias Agrarias Naturales y Ambientales (ECANA) dependiente de Unnoba.
El INTA
Ahora la noticia es que el actual director regional del INTA Pergamino, Dr. Hernán Trebino, le solicitó el pasado 19 de octubre al juez Villafuerte Ruzo que se exceptúe al INTA Pergamino de la prohibición. La petición, que también está firmada por el director nacional del INTA, Carlos Alberto Parera, detalla las pérdidas económicas para el organismo la cual estima en nueve millones de pesos. Incluso indica que gran parte de la superficie que ocupa el INTA Pergamino (631 sobre 744 hectáreas) se encuentran alcanzadas por la medida cautelar.
Para el INTA, los alcances de la decisión cautelar de Villafuerte Ruzo “implica un marcado impacto” en las tareas de investigación y experimentación, con pérdidas económicas, así como discontinuar algunos ensayos. “Estos cambios no previstos tienen consecuencias en cuestiones que hacen al diseño, difusión e implementación de las pautas de manejo sustentable para la región, entre otros motivos, por la interrupción de secuencias de evaluaciones de largo plazo”, señalan los fundamentos del organismo de investigación agraria. Además, aducen que “para el INTA la agenda ambiental es imperativa, razón por la cual uno de nuestros ejes estratégicos es promover en el ámbito del sector agropecuario, una transición hacia un modelo de desarrollo productivo sostenible y de valoración de los servicios ecosistémicos”.
“Por ello solicitamos que se autorice a continuar las actividades de investigación y producción como parte de las mismas que actualmente se efectúan en el EEA Pergamino, dentro de un programa de investigación que tiene por objetivo desarrollar un modelo productivo ambientalmente sostenible”, indicaron desde el INTA y agregaron que “ello requiere se superficies amplias para medir los rendimientos productivos y experimentar en el uso decreciente de fitosanitarios y fertilizantes inorgánicos para poder estudiar sus efectos en el ambiente (suelo, agua, aire)”.
Las respuestas al INTA
Sabrina Ortiz, principal denunciante, manifestó: “No podemos aceptar lo del INTA. Su solicitud va en contra de las constancias científicas y periciales de la causa, son datos contundentes que fueron avalados por la Cámara Federal de Rosario, los 1095 metros es solo un comienzo para paliar los daños que están causando a la salud de la gente”. Ortiz también dijo que “la medida judicial no prohíbe al INTA producir, sino solo el uso de agrotóxicos”. Por lo cual recordó la posibilidad de producir de forma agroecológica.
En este contexto los trabajadores del INTA nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE-INTA) con las firmas de los delegados sindicales María José Beribe y César Baldoni, le enviaron un escrito al juez indicando que “Como trabajadores del INTA, en áreas de investigación y extensión, consideramos que la institución no debe quedar exenta de la normativa dictada, y menos aún bajo los argumentos de la sustentabilidad económica y la dificultad para investigar”. También, ATE-INTA solicitó al juez que mantenga la prohibición de fumigar y aclara que, de permitir el uso de agrotóxicos en INTA Pergamino, “se perjudicará la salud de la comunidad”.
Incluso el secretario general de la Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (APINTA), Mario Romero, indicó que le enviaron una carta a la presidenta de la institución, Susana Mirassou, para transmitirle que “la menor utilización posible de insumos químicos sintéticos (plaguicidas en general) es una clara demanda social” y que “en vez de estar enfocados en fortalecer investigaciones que nos permitan alternativas de producción sin agrotóxicos, los directivos le están abriendo la posibilidad a los grandes productores de incumplir con las distancias de protección”.
