Las reuniones entre los principales funcionarios del gobernador Axel Kicillof e intendentes vecinos al municipio de Presidente Perón, lugar donde está ubicada la mega toma de 100 hectáreas en el barrio Numancia de Guernica, se precipitaron en las últimas horas. Sucede que el juez de la causa, Martín Miguel Rizzo, decidió postergar el desalojo, que debía comenzar el 23 de septiembre pasado a pedido de Andrés Larroque, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, para el jueves 1 de octubre. La idea era “lograr una desocupación pacífica del predio en conflicto”. Sin embargo, hasta el día de hoy eso no se consiguió. Los representantes de los cuatro barrios que se formaron en el predio privado, 9 de Julio, San Martín, La Lucha y La Unión -aunque sin coincidencias absolutas- tienen decidido no abandonar el predio si no hay una propuesta clara de las autoridades sobre cual o cuales serán los lugares de traslado. Antes de la fecha límite, se presentará de manera formal la propuesta que estudia Kicillof junto a Larroque e intendentes del conurbano.
Mientras tanto, el ministro de Seguridad, Sergio Berni, ya tiene preparado al pelotón de 500 policías bonaerenses que serán destinados al desalojo compulsivo si el acuerdo no se sella, o si el magistrado no prorroga la fecha de “lanzamiento masivo ordenado”.
Según los últimos informes que le llegaron a Berni, los delegados que “mueven» las decisiones en las asambleas que se realizan el el predio tomado pertenecen al Partido Obrero (PO), al Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) -los impulsores de las movilizaciones contra el desalojo- y el espacio de la Organización Barrios de Pie que responde a Jorge Ceballos -la otra fracción está liderada por Daniel Menéndez, actual subsecretario de Promoción de la Economía Social y Desarrollo Local-.
La idea fuerza de los funcionarios es presentar una propuesta atractiva para la mayoría de las familias que nada tienen que ver con estos sectores para “debilitar» sus posiciones y así lograr el desalojo voluntario, al menos “del ochenta por ciento de los ocupantes que no están enrolados en esos grupos”, tal la definición de uno de los activos intendentes que colabora activamente para encontrar una solución “política” al problema judicializado de la ocupación ilegal.
En principio, la propuesta con la que se trabaja es la siguiente: adquirir tierras en Guernica, cerca de la toma, para trasladar, al menos a las 650 familias de Presidente Perón que fueron censadas por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad. El o los barrios que se formarán serán urbanizados y tendrán todos los servicios. Es decir que se evitará que se forme un asentamiento precario.
Para eso hay dos modelos que se manejan, la participación de cooperativas que dependen de alguno de los movimientos sociales con experiencia en este tipo de construcciones; o el modelo similar al que se utilizó en la urbanización de Villa Palito -ahora Barrio Almafuerte- en La Matanza, y que fue la auto gestión de cada una de las familias con la “articulación entre el Estado Nacional, Provincial y Municipal”, según explicaron para que “niños, adultos mayores, mujeres y hombres recuperen el verdadero sentido de la vida familiar”.
Para el resto de los ocupantes del predio se estudia la posibilidad de otorgarles un subsidio de 50.000 pesos -el monto puede variar- para que con esa suma puedan ingresar a un alquiler de una vivienda digna, o comprar una parcela de tierra dónde construir una vivienda con la ayuda del Estado a través de programas especiales para ese fin.
En este último caso, está previsto realizar un seguimiento “familia por familia”, para que dinero sea invertido en una solución habitacional y que después no aparezcan tomando terrenos en otro lugar.
Como se ve, la fórmula que se está analizando para llegar a una solución consensuada no es sencilla, las variables son muchas, pero se trabaja a destajo para llegar a un final que deje conforme a la mayoría.
