La caída de la Ley Impositiva bonaerense le permitirá a Kicillof aplicar la cuota adicional del tributo inmobiliario rural.
La caída en la negociación del Presupuesto 2025 y la Ley Fiscal Impositiva en la provincia de Buenos Aires y la prórroga que firmó días atrás el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, para que las iniciativas que ya regían continúen vigentes para este período impacta de diferentes maneras. Una de ellas tiene que ver con la política tributaria.
Uno de los temas que durante el año pasado estuvo atravesado por cierto nivel de conflictividad fue el rechazo de las entidades del campo al esquema tributario del gobierno bonaerense. El sector consideró que los aumentos en el Impuesto Inmobiliario Rural superaron lo que se votó en la Ley Fiscal Impositiva 2024, donde se establecieron ciertos topes de incremento en relación con el año 2023, que fueron del 140% al 200%. Los ruralistas denunciaron que las subas superaron ese 200% máximo.
La discusión fue larga y a grandes rasgos el Ejecutivo argumentaba que durante el 2023 habían regido ciertos beneficios tributarios y exenciones ante la sequía de aquel año o descuentos por el pago del buen contribuyente o adhesión al débito automático, pero que en lo que respectaba a la base imponible, las subas estaban dentro del marco de la ley.
El tema volverá a escena este año en la que el gobierno bonaerense decidió por el momento prorrogar la Ley Fiscal Impositiva 2024 ante la falta de un acuerdo político en la Legislatura con los bloques opositores. Sin ley 2025, ya rige el mismo esquema que el año pasado.
Otra arista que había generado controversia en la ley fiscal 2024 fue la decisión de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) de avanzar con un gravamen definido como cuota adicional —que alcanza tanto al Impuesto Inmobiliario Urbano Edificado como Impuesto Inmobiliario Rural— y que se aplicó a quienes superaron ciertos límites en la base imponible de sus propiedades. Así había quedado establecido en los artículos 138 y 139 que se votó en la Legislatura a fines del 2023.
En el caso del Impuesto Inmobiliario Rural, se aplicó cuando la base imponible de la tierra libre de mejoras, o la sumatoria de dichas bases para un conjunto de propiedades, superara los $39.096.756. Las potestades tributarias estaban legalmente establecidas en la Ley Fiscal Impositiva 2024 que se sancionó en la Legislatura con el respaldo de bloques opositores.
Pero sin avance en la negociación legislativa por la Ley Fiscal 2025 y la prorroga ya dispuesta por Kicillof, la cuota adicional -también llamada quinta cuota- podría replicarse. Si el proyecto impositivo para este año finalmente se convierte en ley y empieza a regir, no habrá quinta cuota, aseguran en el Ejecutivo. La iniciativa, que por ahora no se terminó votando, ofrece mayor laxitud que la ley del 2024 que todavía continúa vigente. Para este año el incremento establecido es del 28% respecto al año pasado.
