“Posverdad” es un término acuñado por el escritor Steve Tesich. Se refiere a que, en base a creencias, medias verdades, emociones y alguna que otra flagrante mentira intercalada, se inventa una supuesta verdad irrefutable. Y a partir de ella, se fabrica la legitimidad que allana el camino para un determinado fin.
Por lo tanto, la posverdad va bastante más allá de una simple mentira de patas cortas. Es mucho más sofisticada y peligrosa. A su vez, conforma uno de los tres pilares que utilizan las autocracias para perpetuarse en el poder como bien las describe Moises Naim, en su libro “La venganza del poder”, denominándolas “las tres P”: Populismo, Polarización y Posverdad.
De manera recurrente, y con más énfasis en estas semanas, se busca instalar desde el aparato publicitario público, y también con declaraciones del Presidente, que sería necesaria una “empresa testigo” de granos, sin especificar cuál sería el supuesto testimonio que brindaría esa empresa.
La campaña de posverdad se inicia mencionando que son unas pocas empresas exportadoras (verdad), algunas son argentinas y otras extranjeras, dando a entender de manera tácita que si el inversor es extranjero afectaría una supuesta “soberanía alimentaria” nacional. Y en simultaneo, en el mismo mensaje, se enciende la falsa alarma, que el precio de los alimentos a nivel interno lo marcan y manipulan estas empresas que se dedican a exportar lo que los argentinos consumimos.
Pero lo cierto es que el negocio de exportación de granos es un negocio de volumen y su naturaleza hace que quienes compiten tengan escala global. A su vez toda, la actividad está controlada por la legislación argentina, que indefectiblemente tienen que cumplir para operar. Los controles lo tienen organismos como la AFIP y Ministerio de Agricultura. El Estado controla y regula. Y regula por demás en ocasiones. Los precios internacionales son los que son, y se dan según oferta y demanda, siempre que el Estado no intervenga en la legítima competencia entre privados.
Por otro lado, se crea la fantasía que si la soja fuese “del Estado” se terminarían los problemas financieros de la Argentina ¡La apetecida “caja de la soja”! Pero hete aquí que el mayor rentista de la soja argentina ya lo es el Estado. Se lleva 2/3 de la cosecha sin invertir un centavo, ni sembrar una sola hectárea. Similar es el caso del maíz y el trigo ¿Entonces, para qué la “empresa testigo”?
Paralelismo
El paralelismo con una “YPF de la soja” no tiene sentido, nunca lograría ser un “Yacimiento Sojífero Fiscal”. Jamás el Estado va a poder sembrar soja, y la soja si no se siembra no existe. Pero convengamos que la idea no ronda sobre el duro y riesgoso trabajo de hacer agricultura, sino que se enfoca en que “el Estado” reciba los frutos de las cosechas y las comercialice. Algo así como un viaje en el tiempo a la vetusta JNG (Junta nacional de granos) o el IAPI de los cinco.
El Estado se lleva 2/3 de la cosecha sin invertir un centavo, ni sembrar una sola hectárea
La falta de transparencia en el comercio de granos convengamos que existe en muchas oportunidades, y bastante hay por mejorar, pero siempre dentro de reglas del mercado y enmarcado en los más que centenarios mercados institucionales.
Las distorsiones se acentúan cada vez que el Gobierno, por ejemplo, pacta con los traders los ROEs en su momento, o bien los “volúmenes de equilibrio”, que frenan en seco el comercio, como sucede ahora con trigo y maíz. También cuando pactan las mismas empresas “fideicomisos” con el dinero de los productores, o “diferenciales” para pagar menos DEX (retenciones) según le convenga a algunas empresas para supuestamente “agregar valor”.
Creando así otro mito de posverdad que conviene tanto a algunas empresas como al Estado. De esta manera se pueden mencionar varias prácticas similares en las cuales, para bailar el tango, se necesitan dos. El Gobierno marca el paso y estas empresas siguen y acompañan el ritmo de manera simbiótica, alterando en estos casos el normal funcionamiento del mercado.
Las malas experiencias de empresas estatales que destruyen valor, caso Aerolíneas Argentinas o YPF, han costado y cuestan fortunas al contribuyente. En ambas situaciones llegamos a estatizarlas previas a campañas que aseguraban que, si las nacionalizábamos, íbamos a tener combustibles en abundancia y baratos, vuelos eficientes y económicos, y (bonus track) ganancias para “el Estado”, que serían ecuánimemente distribuidas entre toda la población. El resultado fue exactamente el inverso.
Ahora, la campaña de posverdad por la “empresa testigo de granos” va tomando cuerpo. Pero esta vez las pérdidas y destrucción de valor que puede generar un paquidermo como el Estado entrando en este negocio no son limitadas como el caso de Aerolíneas e YPF. Las pérdidas y destrucción de valor pueden ser ilimitadas. Es la agricultura argentina lo que pondrían en juego con esta inconsciente maniobra. Fuente: Diario La Nación
