En medio de la discusión en el plenario de Comisiones en el Congreso que analiza la ley ómnibus, Manuel Chiappe, director general de la Fundación Barbechando, le respondió al secretario de Agricultura, Fernando Vilella, sin mencionarlo, que la semana pasada en una exposición ante los legisladores había defendido la suba de las retenciones que impulsa el Gobierno. Entre otras cosas, Vilella había señalado que los derechos de exportación “hacen que los consumidores locales tengan un menor precio”.
Chiappe solicitó a los legisladores y al Poder Ejecutivo acotar la imposición de las retenciones a la soja [sus derivados, la harina y el aceite, pasarán de 31 a 33%], el maíz y el trigo [estos cereales saltarán del 12 al 15%] por un periodo de entre los 6 meses y un año.
“Los precios no bajan cuando aplicamos los derechos de exportación, bajan cuando hay rentabilidad. Esa rentabilidad se convierte en mayor inversión, esa mayor inversión se convierte en mayor productividad y termina siendo mayor oferta de alimentos que sí hacen bajar el precio. Los derechos de exportación no contribuyen a bajar los precios de los alimentos de los argentinos”, precisó Chiappe. Agregó: “Somos unos de los pocos países que tenemos derechos de exportación y daña al productor”.
“Hace más de 15 años nacía la Fundación Barbechando, integrada por productores agropecuarios, empresas, cámaras y cooperativas de todo el país. En ese momento se discutía la resolución 125. Los productores descubrimos en esa instancia que existía el Congreso y definía el rumbo del país. Sin embargo, algo no salió bien y lamentablemente hoy nos encontramos dando la misma discusión, tengo una buena noticia y es que todos hemos evolucionado. El campo valora la capacidad del poder legislativo de definir las políticas públicas y trabajar por el bien común del país. Los legisladores reconocen el impacto socioeconómico positivo que tiene el campo”, precisó.
Además, sostuvo que ya se vieron los efectos de la devastadora última sequía y cómo se resistió la situación macroeconómica del país durante 2023. “Yo soy productor de carne, trigo y maíz en la provincia de Entre Ríos, ese maíz no se exporta, se convierte en carne de pollo, cerdo, huevo, leche dentro de tierras entrerrianas. Pero hay algo que sí sale de la provincia y son los derechos de exportación, es un pésimo impuesto. Los derechos de exportación empobrecen a las provincias porque no son coparticipables: son menos hospitales, menos rutas y menos escuelas rurales. No contribuyen a bajar el precio de los alimentos de la mesa de los argentinos. Los derechos de exportación en el caso del pan representan menos del 1% del tributo. Exportamos a 155 países y somos uno de los pocos que tenemos derechos de exportación y daña al productor, porque se aplica sobre el precio, gane o pierda, y no se aplica sobre la rentabilidad”, extendió.
Además, les pidió a los diputados que al momento de legislar lo hagan pensando en sus provincias que los han votado. Puso como ejemplo la alfalfa, cebada, maíz pisingallo, forestoindustria, contratistas rurales, albañiles, ferreteros, panaderos: “A todos ellos les impactan los derechos de exportación, aunque el corto plazo lo requiera, no nos ahoguemos porque nos hundimos todos. Cambiemos ese impuesto por mayor producción. El campo está dispuesto a poner el hombro”.
Chiappe explicó que las pymes generan 7 de cada 10 empleos. “Dan una respuesta productiva rápida y federal. Celebramos la iniciativa del artículo 641 con el régimen de incentivo a las grandes inversiones, pero les pedimos que incluyan en ese esquema a las pymes. Miles de decisiones casi simultáneas de cambiar una cosechadora, ampliar una empacadora de frutas, un tambo, un equipo de riego se dan en una mesa de escritorio y ejecutan en una semana, por un monto equivalente a lo que podría ser una gran inversión minera, pero en otra distancia de tiempo. No seamos adictos a la macro, veamos la microeconomía. Démosle la oportunidad a las pymes y las provincias lo van a agradecer”, precisó.
Por último, sostuvo que, si por la urgencia de la macroeconomía del país se suben las retenciones, esta decisión “puntual y acotada por seis meses o un año”.
“No para darle facultad al Poder Ejecutivo para que suba los derechos de exportación que empobrecen a las provincias. En estos momentos críticos, tenemos una misión conjunta. La patria necesita de todos y en especial de las 33 cadenas agroindustriales, son responsables por 4 millones de empleos privados, dos tercios de las exportaciones, 25% del PBI y más del 95% de la recaudación en derechos de exportación.
“Eso lo podemos duplicar o triplicar en dos mandatos presidenciales. Si el equilibrio fiscal exige mantener o aumentar los derechos de exportación a ciertos productos agroindustriales, desafiamos a los legisladores y al Ejecutivo a buscar la manera de acotar la imposición a soja, maíz y trigo por un periodo definido, un cronograma explícito e improrrogable de reducción hasta su total eliminación mientras se logran los objetivos fiscales. Necesitamos ver los esfuerzos tributarios, enmarcados con un plan de Gobierno”, resumió.
