Nota de opinión firmada por: Ignacio Forconi – Asesor de Sociedad Rural Argentina (SRA)
El proyecto de modernización laboral presentado por el gobierno propone una reforma estructural y prudente para el agro argentino, orientada a mejorar la empleabilidad, reducir la informalidad y fortalecer la previsibilidad sin perder derechos fundamentales en el trabajo agrario.
La realidad del campo argentino exige un marco normativo que acompañe la modernización tecnológica y la estacionalidad de la producción, sin detrimento de los derechos de los trabajadores. Con cambios pequeños, pero bien diseñados, podemos reducir la informalidad, aumentar la previsibilidad y fortalecer la empleabilidad.
La informalidad es uno de los mayores desafíos del mercado laboral: muchos trabajadores quedan expuestos a una protección cero, y la incertidumbre de costos para los empleadores frena la inversión. El agro, como motor de la economía, requiere un marco que refleje su realidad tecnológica y estacional sin erosionar derechos fundamentales.
El Proyecto de Ley de Modernización Laboral propone actualizar, entre otras normas, la Ley de Trabajo Agrario (Ley 26.727 y su normativa complementaria), con el objetivo de armonizarla con la realidad actual del sector, manteniendo los derechos de los trabajadores y reduciendo distorsiones y costos para los productores. En este marco, se preservan las garantías laborales y se introducen ajustes para hacer más eficiente la contratación estacional y la gestión de obligaciones laborales.
Un aspecto central es la reforma de la negociación salarial: pasa de un marco tripartito (trabajadores, empleadores y Estado) en la Comisión Nacional de Trabajo Agrario a un marco bipartito entre trabajadores y empleadores. No habrá intervención estatal en la discusión paritaria, permitiendo que la negociación se desarrolle de forma directa entre las partes.
Ignacio Forconi, Asesor de la Sociedad Rural Argentina.
A su vez, se propone la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para financiar indemnizaciones a cargo del empleador, buscando disminuir la incobrabilidad y, al mismo tiempo, incentivar el empleo formal.
Entre las reformas previstas se destacan también eliminar la figura de responsabilidad solidaria indiscriminada entre el dueño de la tierra y el arrendatario; eliminar la figura del trabajador “permanente discontinuo” para promover la contratación acorde a los ciclos estacionales sin perder derechos; y establecer un periodo de prueba razonable de ocho meses para evaluar aptitudes, considerando la adopción de nuevas tecnologías y el tiempo necesario para la capacitación, aprendizaje y adaptación del trabajador.
La modernización del marco laboral agrario no es un canto a la desregulación, sino una búsqueda de equilibrios: entre la necesidad de ajustar la contratación a la estacionalidad y la innovación, y la obligación de proteger a quienes trabajan para sostener la producción.
El proyecto presentado recientemente por el gobierno para su tratamiento en el Congreso es una propuesta equilibrada y oportuna, que fortalece la empleabilidad, reduce la informalidad e impulsa el desarrollo del campo argentino. Con su aprobación sin cambios por el Congreso, la propuesta podría impulsar una transición más rápida hacia un agro formal y competitivo, beneficiando a trabajadores, productores y la economía nacional.
