Hay quejas de productores y entidades agropecuarias por lo rápido que se alcanzó el cupo que permitía anotar exportaciones sin retenciones. Las empresas ganadoras y la Ley Raymonda.
La decisión del Gobierno de aplicar retenciones cero a las exportaciones agropecuarias, que apenas estuvo vigente tres días, abrió un frente de controversia en el sector rural y dejó un sabor amargo entre productores, analistas y referentes del negocio agrícola.
Según estimaciones de entidades ligadas al agro, la resolución generó un beneficio concentrado en un pequeño grupo de multinacionales exportadoras, que aprovecharon la ventana de oportunidad que al Estado le costó unos u$s1.500 millones en términos fiscales.
Cómo fue el mecanismo
Según resaltaron expertos del sector, las grandes cerealeras aprovecharon la normativa de retenciones cero para registrar Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) de soja y derivados por miles de millones de dólares en muy poco tiempo.
La particularidad, sostienen, es que esas operaciones se declararon incluso sin contar todavía con la mercadería. «Hubo registros anticipados de soja que ni siquiera fue sembrada, algo inédito», remarcaron las fuentes.
Con este esquema, los exportadores se aseguraron la posibilidad de embarcar a futuro con alícuota cero, mientras que al momento de comprarle la producción a los chacareros aplicarán el descuento equivalente a la retención del 26% que ya volvió a estar vigente. «Esa diferencia queda en manos de las compañías y no del productor ni del Estado», cuestionaron dirigentes vinculados al agro.
Quiénes fueron
Aunque no se difundió un listado oficial, desde el sector mencionan que las más favorecidas fueron una docena de grandes exportadoras, entre ellas Bunge, Louis Dreyfus, Cofco, Cargill, Viterra y Molinos, con montos estimados que van desde los u$s 100 millones hasta más de u$s 300 millones en algunos casos.
De hecho, un cuadro que circuló este jueves por la tarde asegura que el 80% de las declaraciones juradas estuvieron concentradas en solo 5 empresas y que 12 se repartieron el cupo total. Los porcentajes, a grandes rasgos, fueron los siguientes:
*Bunge Argentina S.A.: 20%
*LDC Argentina S.A.: 19%
*Cofco International Argentina: 16%
*Viterra Argentina S.A.: 13%
*Cargill S.A.C.I.: 12%
Las 7 que siguen se quedaron solo con el 20% del total del volumen:
*Molinos Agro S.A.: 7%
*Aceitera General Deheza S.A.: 3%
*CHS de Argentina S.A.: 3%
*Amaggi Argentina S.A.: 3%
*Asociación de Cooperativas Argentinas – Coop. Ltda.: 2%
*ADM Agro S.R.L. (Ex A.C. Toeper Int. Arg. SRL): 1%
*Pilagá S.A.: 1%
Así, señalan desde el sector, los productores agropecuarios quedaron sin chances de acceder a la ventana de retenciones cero, ya que la norma se agotó en tiempo récord. Hoy deben vender su cosecha con un precio recortado por un impuesto que los exportadores no pagarán.
En paralelo, el Estado nacional resignó una recaudación estimada en u$s1.500 millones, en un contexto donde cada dólar resulta clave para el equilibrio fiscal.
Causas Penal
Todo este mecanismo valió un proceso penal. El viernes 26 de septiembre, a las 10 de la mañana, ingresó en la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) una denuncia anónima que ya está en manos del fiscal Sergio Rodríguez.
En su texto, el denunciante acusa al presidente Javier Milei, al jefe de Gabinete Guillermo Francos, al ministro de Economía Luis Caputo y al secretario de Agricultura Sergio Iraeta, de haber cometido los delitos de administración fraudulenta, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público.
La presentación también apunta directamente contra las principales exportadoras Bunge, LDC, Cofco, Viterra y Cargill en calidad de partícipes necesarios.
Dos resoluciones que encendieron las alarmas
En paralelo al aluvión de registros, la Secretaría de Agricultura publicó dos resoluciones en cuestión de horas: La Resolución 184, del 23 de septiembre, establecía que las DJVE registradas después del decreto tendrían vigencia por un año, siempre y cuando los embarques se realizaran a partir de esa fecha.
La Resolución 185, publicada al día siguiente, corrigió esa limitación y extendió el beneficio incluso a operaciones embarcadas antes del 23.
Según la denuncia, ese cambio normativo fue clave para incluir operaciones pasadas y futuras dentro del régimen de retenciones cero, multiplicando el perjuicio para el Estado.
La ley Martínez Raymonda
La denuncia insiste en que el esquema continúa en ejecución porque el Gobierno no aplicó la ley Martínez Raymonda (Ley 26.351). Esa norma, sancionada años atrás, buscó evitar justamente estas maniobras: que las empresas registraran ventas sin respaldo real de mercadería para congelar beneficios impositivos. El denunciante sostiene que, de haberse aplicado esa ley, las exportadoras deberían haber probado la existencia del grano o de la operación, lo que habría limitado la avalancha de registraciones.
