El personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) inició ayer un paro de 36 horas con alcance nacional, en rechazo al Decreto 462/2025 del Poder Ejecutivo, que reestructura el organismo y, según los trabajadores, “pone en riesgo su continuidad”.
La medida de fuerza, que rige desde ayer martes a mediodía hasta la medianoche de hoy miércoles, busca facilitar la movilización de las 46 seccionales gremiales hacia la Ciudad de Buenos Aires, donde hoy se prevé el tratamiento legislativo del decreto en la Cámara de Diputados.
La protesta fue convocada por la Asociación del Personal del INTA (Apinta) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), en todo el país. Mario Romero, secretario general de Apinta, confirmó que la concentración de hoy es frente al Congreso, en paralelo a la sesión que podría tratar el rechazo al decreto. “Esto pone en riesgo la continuidad del INTA. No hay autoridades designadas, no hay directores regionales, no funciona el consejo directivo ni los consejos técnicos, y el presidente concentra todo el poder de decisión. Esta desconcentración institucional y darle todo el poder a una sola persona es gravísimo”, advirtió Romero.
El tratamiento del Decreto 462/2025 figura en el temario previsto para hoy, aunque la sesión depende del quórum que haya en la Cámara baja. Por ahora, la Comisión Bicameral encargada de analizar los DNU no ha emitido dictamen. Una vez vencido el plazo de 10 días sin resolución, el decreto puede ser tratado directamente en el recinto por mayoría simple. Por eso, se espera que el próximo jueves pueda debatirse en el Senado, ya que ambas cámaras deben expedirse. “No hay todavía un panorama preciso de lo que vaya a suceder”, indicó Romero.
La movilización al Congreso coincidirá con la sesión de Diputados. “La idea es visibilizar la situación, acompañar la lucha y apoyar a los legisladores que puedan frenar este decreto”, afirmó Romero.
Además, explicó que se elaboró un documento institucional para resaltar y dar a conocer “los 100 logros del INTA”, que ya fue compartido con legisladores y funcionarios provinciales, para que tengan dimensión de la importancia del organismo.
Héctor Ferrario, quien trabaja en el área de articulación institucional de la Dirección Nacional Asistente de Extensión Rural y Transferencia Tecnológica del INTA, subrayó que también se trabaja en demostrar el retorno social de las inversiones en programas como Cambio Rural, lechería, vitivinicultura y fruticultura. “El INTA no es un gasto: es una inversión productiva territorial”, remarcó.
Los trabajadores apuntan a lo que consideran falta de conducción institucional tras la entrada en vigencia del decreto. Según señaló, desde la presidencia, hoy a cargo de Nicolás Bronzovich, solo se convoca a directores técnicos, sin incluir a los directores regionales. “Se perdió la representación federal. No hay participación en los consejos técnicos ni instancias vinculantes. Y, además, hay un plan para reducir programas, fusionar regiones y eventualmente vender tierras y edificios del INTA”, dijo.
Por otra parte, los gremios presentaron una acción de amparo ante el Juzgado Nacional de Primera instancia del Trabajo, para frenar la aplicación del Decreto 462/2025 y las facultades delegadas en la Ley 27.742 [Ley de Bases], al considerar que «ambas normas violan principios constitucionales y atentan contra la estabilidad laboral del personal».
A fines de la semana pasada, los gremios también presentaron una medida cautelar en el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín, a cargo de Martina Isabel Forns. Se trata de la misma jueza que ya se pronunció en contra de medidas similares sobre el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y Vialidad Nacional.
