La semana pasada, terminó en Rosario la segunda jornada del juicio que investiga a productores y funcionarios de Pergamino por el uso indebido de fitosanitarios.
Los acusados son siete productores agropecuarios: Fernando Cortese, Víctor Tiribó, Mario Reinero Roces, los hermanos Carlos y Hugo Sabatini, Cristian Taboada y el ingeniero agrónomo, José Luis Grattone; y además dos funcionarios de la municipalidad de Pergamino: Guillermo Naranjo y Mario Daniel Tocalini.
El juicio se desarrolla en el Tribunal Oral Federal N°2 de Rosario, integrado por los jueces Elena Dilario, Román Lanzón y Eduardo Rodríguez Da Cruz. El Ministerio Público Fiscal está representado por el fiscal Federico Reynares Solari, de la Oficina de Litigio Oral Estratégico del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario.
La causa («Cortese Fernando Esteban y otros s/envenenamiento»), iniciada en 2018, es originaria del juzgado Federal de San Nicolás a cargo del Juez Villafuerte Ruzo, y llega hasta esta instancia unificando varios expedientes, hechos y denuncias ocurridas entre 2011 y 2020. Todos los expedientes fueron acumulados a requerimiento de la Fiscalía.
El pasado 4 de febrero, en el marco de la primera audiencia del juicio, el fiscal Reynares Solari atribuyó los hechos, detalló la acusación y el encuadre legal para cada uno de los acusados; postura a la que adhirió la querella, integrada por los abogados Carlos González Quintana y Fernando Cabaleiro, representantes de las denunciantes Sabrina Ortiz (Paren de Fumigar Pergamino y Naturaleza de Derechos) y Alejandra Bianco (vecina afectada barrio Santa Julia de Pergamino).
A Cortese, Reinero Roces, Tiribó, Grattone, Taboada, Daniel y Hugo Sabatini, la Fiscalía les endilgó ser coautores del delito previsto en el artículo 55 de la Ley 24.051 sobre Residuos Peligrosos, que prevé una pena de 3 a 10 años de prisión para la persona que, a través del uso de residuos, «envenene, adultere o contamine de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general».
Según la descripción de los hechos que hizo el fiscal, Cortese fumigó y/o pulverizó con sustancias químicas peligrosas para la salud y el medioambiente el campo de su propiedad, ubicado sobre la Ruta Nacional 188, a la altura del kilómetro 69 de Pergamino en forma reiterada y continua desde 2011 y, puntualmente, entre enero de 2018 y enero de 2019.
Según dicha hipótesis, los barrios La Guarida, Luar Kayad y Villa Alicia y sus adyacencias se vieron alcanzados por las sustancias químicas, que de acuerdo con los peritajes realizados en distintas zonas aledañas y domicilios cercanos fueron halladas en el suelo.
En ese sentido, se detectaron 45 plaguicidas, con predominancia de nueve: atrazina y dos metabolitos de degradación, triticonazol, metolaclor, acetoclor, clorpirifos, glifosato y su producto de degradación Ampa. En el agua se detectaron también 18, con mayor presencia de cinco de esos plaguicidas.
Además de contaminación, a Cortese se lo acusa de amenazas coactivas contra un familiar de Sabrina Ortiz en un hecho sucedido en 2020.
Las conductas imputadas a Naranjo y a Tocalini fueron calificadas en los términos del artículo 248 del Código Penal, por incumplimiento de los deberes de funcionario público, permitiendo que desde 2015 se realicen fumigaciones con agroquímicos sin los debidos controles en los campos, contribuyendo a contaminar el ambiente.
En esta segunda jornada, además de las denunciantes declararon también el oficial Mauro Garay, y el ahora comisario retirado, Isaac Guari, personal policial que realizara pericias y diligencias en campos denunciados, dependencias municipales y locales de venta de agroquímicos. Ambos, Guari y Garay, mayormente en sus respuestas refirieron no recordar o no poder brindar precisiones por las actuaciones de las que participaran, según consta en documentación presentada y en las que figuran sus firmas, y por las que fueron consultados.
Penas de hasta diez años
Consultado por la Agencia Tierra Viva, el abogado de las víctimas, Carlos González Quintana, expresó que esperan, desde una perspectiva estrictamente jurídica, que el Tribunal aplique las penas previstas por la ley para los delitos imputados. Y detalló que “en esta causa se juzgan hechos encuadrados en el artículo 55 de la Ley 24.051 (Residuos Peligrosos), en función del artículo 200 del Código Penal, que sanciona a quien contamina el ambiente de un modo peligroso para la salud pública. El marco legal prevé penas de prisión de hasta diez años, además de inhabilitaciones especiales, particularmente relevantes cuando se trata de productores, profesionales y funcionarios públicos como en este caso puntual”.
Sobre la importancia del juicio, aseguró que marca un precedente clave para la sociedad en su conjunto: “Será la primera vez que, en la provincia de Buenos Aires y en pleno corazón del agronegocio, se juzgue penalmente un entramado completo de decisiones, omisiones y prácticas vinculadas a las fumigaciones con agrotóxicos en zonas densamente urbanizadas, discutiendo en un tribunal penal las responsabilidades concretas de productores, profesionales y funcionarios públicos» y agregó: «Ninguna actividad económica, por importante que sea, está por encima de la ley. Y se deja en claro que la salud y el ambiente son bienes jurídicos que merecen tutela penal efectiva. Es un escenario histórico donde se cruzan ciencia, territorio y justicia, donde el modelo productivo deja de ser intocable y empieza a ser interpelado. Donde los cuerpos hablan, la ciencia acompaña y el silencio, después de treinta años, se rompe”, afirmó González Quintana.
La próxima audiencia ya fue programada para el 25 de febrero a las 9 de la mañana. Según lo anunciado, sobre el cierre, se espera para esa jornada las declaraciones de los funcionarios municipales imputados. Fuente: eltiempodepergamino.com.ar y Agencia Tierra Viva.
