Las empresas nacionales y multinacionales de maquinaria agrícola salieron con los tapones de punta contra una medida del Gobierno de Javier Milei que salió publicada en el Boletín Oficial.
Hace unos días se eliminó el Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU), una medida que regía desde hace más de tres décadas y que restringía el ingreso de equipamiento y maquinaria usada al país. Y tras la sorpresiva medida, desde la Asociación de Fábricas Argentinas de Tractores y otros equipamientos Agrícolas e Industriales (AFAT) expresaron «su profunda preocupación» ya que «generará impactos económicos, sociales y ambientales adversos significativos para el país».
«En AFAT desde siempre se ha abogado por la libre competencia y coincidimos plenamente con las expresiones del Ministro de Economía, Lic. Luis Caputo, vertidas en el 11° Congreso de Economía Regional realizado en Corrientes en noviembre de 2024, donde afirmó que, si bien la idea es que la sociedad pueda acceder a mejores bienes a mejores precios, también hay que ser cuidadosos en cómo se llega allí. No se debe pasar de un extremo al otro, ya que se estaría favoreciendo a un sector de la sociedad en detrimento de emprendimientos e industrias que están en el país hace muchísimos años lidiando con impuestos injustos», remarcó el comunicado de la cámara que agrupa a las multinacionales de maquinaria agrícola que tienen planta en el país.
Para la cámara, es una medida que «impide una competencia genuina» ya que «introduce una clara asimetría entre la producción y distribución local, y la importación de maquinaria usada -que no cuenta con garantía ni trazabilidad alguna- proveniente de economías subsidiadas y con cargas sensiblemente menores, tanto en materia fiscal, como en costos laborales; condiciones superiores en financiamiento y promoción de la producción y de la comercialización; en los seguros y en la logística».
Según el documento, las empresas de AFAT llevan invertidos miles de millones de dólares, desde hace más de cinco décadas, en el desarrollo, fabricación local y distribución de maquinaria agrícola de última generación, ofreciendo equipos cada vez más eficientes y sustentables, brindando servicio 24×7, con presencia en más de 500 puntos a lo largo y ancho del país, con 12 plantas fabriles instaladas en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba y generando 16.700 empleos entre plantas, red de distribución y proveedores.
«Para los países exportadores de maquinaria usada, se trata de mercadería de descarte ya amortizada, por lo cual su valor de exportación es tan bajo que ningún arancel extrazona logra compensarlo como para asegurar una competencia justa, afectando así tanto al mercado local de usados como a las operaciones de compra de maquinaria nueva con retoma de usados», explicaron desde la cámara.
En Argentina, apuntó el texto, entre el 60 y 75% de las ventas de equipos nuevos (dependiendo el segmento) contempla la toma de usados como parte de pago. «Con esta medida, como lo demuestra la experiencia en otros países que tomaron caminos similares, habrá una consecuencia directa sobre la demanda de maquinaria nueva, y por ende sobre la actividad de los fabricantes, proveedores de materiales e insumos, servicios y distribuidores», advirtió.
También los fabricantes locales advirtieron las consecuencias de la medida. En un documento redactado por la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CAFMA), se invitó a comprender el alcance de la medida en cuestión, y para ello, en el mismo texto señalan que es necesario recordar el origen y los objetivos del CIBU.
Este certificado, afirman desde la Cámara que representa a la industria metalmecánica a nivel nacional, fue creado mediante la Resolución 909/1994 del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, en el marco de un proceso de desregulación y apertura de la economía argentina. Lejos de constituir una barrera al comercio exterior, el CIBU surgió como una herramienta necesaria para acompañar una apertura económica ordenada, basada en reglas claras y transparentes que evitaran distorsiones en los mercados y desarrollaran la producción nacional.
«Hoy, 30 años después, la eliminación del CIBU conlleva una serie de riesgos» señalaron desde la entidad. En primer lugar, sostienen, el ingreso irrestricto de maquinaria agrícola usada representa una amenaza directa para la cadena de valor industrial nacional y el entramado productivo federal. La ruptura de las dinámicas comerciales genera un riesgo para el crecimiento y la continuidad de la generación de puestos de trabajo y oportunidades de desarrollo personal.
En segundo lugar, afirmaron, es central destacar el riesgo fitosanitario de incorporar plagas exógenas con impacto directo sobre la producción agrícola, principal sostén de la macroeconomía nacional. Esta posibilidad se evidencia con la aparición de la «chicharrita» del maíz durante la campaña 2023/24, que provocó pérdidas estimadas en U$S 2.045 millones en el mercado interno y más de U$S 1.600 millones en exportaciones.
Por otro lado, siempre de acuerdo al documento de referencia, al no solicitar mayor documentación que una declaración jurada del producto a ingresar, la ausencia de controles adecuados impide la correcta verificación de la condición y uso real de la maquinaria importada, dificultando distinguir entre aquellas destinadas al uso productivo y aquellas ingresadas con el objetivo de reventa o reacondicionamiento, muchas veces también con partes importadas.
«Si el objetivo es fomentar la producción y el desarrollo nacional, el eje del debate debe centrarse en la mejora de la competitividad como una construcción colectiva, contemplando el impacto del régimen impositivo y regulatorio vigente. En un contexto global donde las naciones promueven el fortalecimiento de sus estructuras productivas, la consolidación de cadenas de abastecimiento cortas y el impulso a vectores nacionales de desarrollo, esta medida reemplaza el valor agregado, la innovación y el trabajo argentino por el descarte extranjero» cerraron desde CAFMA.
La explicación del Gobierno
El Gobierno Nacional oficializó el miércoles pasado la eliminación del Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU), una medida que regía desde hace más de tres décadas y que restringía el ingreso de equipamiento y maquinaria usada al país.
Así, Con la eliminación del CIBU, los importadores ya no deberán tramitar un permiso especial para ingresar bienes usados incluidos en los capítulos 84 a 90 de la Nomenclatura Común del Mercosur (que abarcan, entre otros, maquinaria industrial, motores, calderas, transformadores eléctricos, tractores, generadores, equipos agrícolas, herramientas de precisión, aparatos médicos, repuestos para trenes, vehículos especiales, embarcaciones, drones, paneles solares y hasta instrumental óptico y quirúrgico).
En su lugar, solo deberán presentar una declaración jurada en el Sistema Informático Malvina (SIM) de la Dirección General de Aduanas, asegurando que la mercadería no constituye un residuo ni está destinada a valorización energética o disposición final.
Según el decreto, en un nuevo avance hacia la desregulación, la medida busca «afianzar la estabilización de los precios y provocar la disminución de aquellos artificialmente elevados que generan falta de competencia y transparencia».
