La Sociedad Rural prepara un amparo para retrotraer la actualización impositiva que votó la Legislatura bonaerense. El titular de ARBA dijo que se sostiene la cobrabilidad. Qué pasa si no se pagan los impuestos.
El llamado a no pagar el Impuesto Inmobiliario Rural y otros tributos que lanzó el fin de semana el diputado nacional por la Libertad Avanza José Luis Espert, que fue avalado y ratificado por el presidente Javier Milei, tuvo como agregado el posicionamiento de distintas entidades rurales del interior bonaerense que advirtieron que se plegarán a la iniciativa de no pagar la segunda cuota del impuesto. Pese a que el tema se traslada también a una disputa política entre La Plata y Casa Rosada, en lo práctico el gobierno bonaerense cuenta con una serie de herramientas para sancionar a morosos que podrían aplicarlas en caso de percibir una “rebelión fiscal”, que por otra parte -sostienen desde la Agencia de Recaudación Buenos Aires (ARBA)- no es tal según el nivel de cobrabilidad registrado en los primeros meses del año.
Así lo remarcó el titular de ARBA, Cristian Girard. El funcionario encargado de la política impositiva bonaerense advirtió que “hay que dejar claro que quienes decidan incumplir con sus obligaciones tributarias, subiéndose a esa lógica de rebelión fiscal, deberán enfrentar las acciones judiciales de cobro, con los riesgos y sanciones que eso implica”.
También, envió un mensaje a los productores rurales que podrían plegarse a la propuesta del diputado de la Libertad Avanza. “Ojo con lo de la rebelión fiscal, porque después no va a estar Espert pagándole la cuenta al contribuyente cuando no pueda mover fondos de la cuenta bancaria por un embargo, ni le va a pagar los honorarios de los abogados”, dijo Girard en declaraciones a Radio Splendid.
Lo concreto es que el Ejecutivo tiene varias herramientas para avanzar en sanciones. La primera es una multa. La Código Fiscal de la provincia cuenta un amplio abanico regulatorio En su artículo 61 de establece que “el incumplimiento total o parcial del pago de las obligaciones fiscales a su vencimiento, constituirá omisión de tributo y será pasible de una sanción de multa graduable entre el cinco por ciento (5%) y el cincuenta por ciento (50%) del monto de impuesto dejado de abonar”. También, por ejemplo, ya avanzado el proceso son aplicables instancias de embargos. Hasta el momento, la Provincia no ha rematado ningún campo por incumplimiento fiscal.
La Ley Fiscal Impositiva 2024 fue aprobada en la Legislatura bonaerense el 28 de diciembre del año pasado. Además del peronismo, contó con el respaldo del PRO, la UCR, la Coalición Cívica y un sector de los libertarios. Desde el Ejecutivo bonaerense se planteó al momento de la sanción que en Buenos Aires hay 300 mil partidas inmobiliarias rurales y que “casi la totalidad de las partidas tendrán un aumento que no supera el 200%”. Argumentan que todas estarán por debajo de la inflación de período -según INDEC la inflación interanual a febrero de este año fue de 276%-, salvo unas 2 mil partidas que representan sólo el 0,7% del total -7 de cada 10.000- que tendrán aumento de hasta el 315%. Además, los inmuebles cuya base imponible es superior a $198.940.000 en valuación fiscal, no tienen tope. En valuación de mercado se trata de campos de varios millones de dólares.
En el proyecto original que había girado Kicillof a la Legislatura se establecía un tope de hasta 300% de aumento. Ese punto fue modificado en el marco las negociaciones con la oposición y se bajó al 200% para poder conseguir los votos necesarios.
Las entidades rurales argumentan que en las propiedades que no tienen tope el aumento llegan hasta 500%. Corre también en ese cálculo, el impuesto complementario que es para quiénes tienen más de una propiedad y se constituye a partir de la suma de las bases imponibles del inmobiliario básico de los inmuebles pertenecientes a un mismo contribuyente; es decir que tienen más de una propiedad. Se trata de un impuesto creado durante la gobernación de Daniel Scioli en el año 2013.
Pese al pedido de Espert y avalado por Milei, según Girard no se detectó en la primera cuota del inmobiliario (marzo de este año), una “rebelión fiscal”. “No estamos viendo un desplome del cumplimiento ni la cobrabilidad. Es decir, no hay en curso una insurrección civil ni una rebelión fiscal como pretenden hacer creer Espert y Milei”.
