El acercamiento que buscó el ministro Julián Domínguez con el campo tuvo un efecto bumerang. La designación del coordinador económico de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Matías Lestani, como futuro viceministro, generó rechazos entre productores del interior, y desencadenó una toma de distancia de esa entidad y de la Sociedad Rural Argentina (SRA), las dos más opositoras de la Mesa de Enlace.
Todo se precipitó en los días previos a la asamblea que productores autoconvocados realizarán este sábado en Armstrong, Santa Fe, en rechazo a la política agropecuaria del Gobierno durante los dos años de gestión de Alberto Fernández.
El acto se había programado a fines del año pasado. Pero los ánimos se caldearon con la prohibición de exportar cortes de carne vacuna por dos años, anunciadas este lunes, y los cupos para las ventas externas de trigo y maíz, con la instrumentación de un fideicomiso. En ambos casos, los ruralistas lo ven como más intervencionismo del Gobierno.
Así, el gesto de acercamiento que buscó generar Domínguez con los cambios en su equipo de colaboradores, derivó en lo opuesto: los ruralistas sintieron que necesitaban dejar claro ante sus representados que son opositores al Gobierno.
La manera en la que CRA y la SRA decidieron mostrar distancia del Gobierno, ante un creciente malestar de sus bases de afiliados, fue dar un portazo en el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), un nucleamiento de más de 60 entidades, que desde hace un año y medio ha buscado consensos con el Gobierno.
Desde CRA subrayaron que «las pocas medidas tomadas en relación al CAA, han sostenido las diferencias y han significado un severo perjuicio a la producción primaria».
Nicolás Pino, presidente de la Rural dijo que van a «seguir bregando por reglas claras y de largo plazo con el objetivo de darle sostenibilidad a la producción agropecuaria». Pero considera que «el funcionamiento adoptado en las últimas semanas no es el que aspiramos los productores”.
En uno de los párrafos más críticos hacia el interior de la representatividad agroindustrial, la entidad presidida por Jorge Chemes evaluó que «poco se trabajó para poder tener institucionalidad en los mercados granarios en cuanto la formación de los precios. El precio justo que deviene de los mercados internacionales no es recibido por los productores agropecuarios por las grandes distorsiones locales, las cuales muchas cámaras que integran el CAA avalan».
Y al anunciar el retiro de sus técnicos y representantes en las mesas de trabajo del CAA, que en muchos casos se han articulado con el Gobierno, desde CRA sostuvieron que «el proyecto primigenio del CAA sostenía el propósito central de elevar exponencialmente las exportaciones y con ello la creación de puestos de trabajo», pero «ambas ideas desnaturalizadas de cuajo, por el cierre de exportaciones, cupos, etcétera.
También recordaron que han «remarcado los desequilibrios internos entre los actores de las cadenas con una exigua participación de los productores, lo cual impedía la necesaria creación de confianza».
Expusieron que «las bases confederadas venían solicitando hace meses el alejamiento, para evitar avalar con nuestra participación medidas a nivel de gobierno que solo sirven para otorgar prebendas y privilegios a otros intereses sectoriales, y que perjudican a los productores».
Remarcaron que «las restricciones a las exportaciones de cortes de carne vacuna hasta 2023, van a contramano de los propósitos de la creación del CAA», y se declararon «dispuestos a ideas nuevas para un país distinto, pero no para consolidar viejas prácticas comerciales en detrimento de nuestros productores».
Cabe destacar que de las cuatro gremiales del campo, la Sociedad Rural Argentina fue la última que se había incorporado al CAA. Por lo pronto seguirían Federación Agraria Argentina y CONINAGRO.
