Fue una de las promesas de Alberto Fernández durante la apertura de sesiones del Congreso en marzo pasado y que incluso ratificó en las últimas semanas. El campo aguarda definiciones respecto a la ley agroindustrial que promete beneficios impositivos y fiscales para llevar las exportaciones del sector hasta los u$s100.000 millones al año.
Algo similar ocurre con el lanzamiento del postergado Plan Ganadero para incrementar la producción de carne en el mercado interno. Según detallaron días atrás desde el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) el anteproyecto de ley está en la mesa de los funcionarios del gabinete de Economía de Alberto Fernández, mientras se viven horas de definiciones en el oficialismo respecto al rumbo político y económico de la gestión.
Por su parte, los fabricantes nacionales de maquinaría agrícola mientras crecen en ventas, apalancados por los altos precios internaciones de los commodities del agro, plantean la necesidad de que el Congreso también avance en una ley de fomento y diferenciación para las maquinas fabricadas en el país.
Según explican referentes del sector, el actual escenario, planteado poselecciones PASO, despliega desafíos todavía más urgentes para la gestión y los proyectos ligados al campo son un gran interrogante pero que también podrían oficiar como pilares de la reactivación económica que necesita la Argentina.
“Estamos viendo este escenario con expectativa y preocupación. Este tipo de situaciones son típicas de las coaliciones parlamentarias europeas, donde cuando pierden una elección, enseguida hay una renovación de Gabinete, pero allá hay estabilidad macroeconómica y política. En nuestro país esta coalición debe resolver con madurez y velocidad los cambios que quiere introducir, pero no puede tardar más de 24 horas”, explicó un referente del sector.
Panorama
A este contexto, se suma además un clima de máxima tensión con los representantes de la Mesa de Enlace luego de que el Gobierno decidiera intervenir las exportaciones de carne vacuna con el objetivo de contener los precios en el mercado interno que llegaron a mostrar un incremento interanual superior al 80%.
Lo cierto es que la relación entre el actual Gobierno y los líderes gremiales del agro nació prácticamente resquebrajada. Cuando el covid todavía no era una pandemia y el Gobierno de Alberto Fernández apenas tenía meses de gestión, el campo fue el primer sector económico en plantarse en la vereda de enfrente con una medida de fuerza.
Corrían los primeros días de marzo de 2020 y la Mesa de Enlace convocaba a un cese de comercialización de granos en reclamo del incremento de las retenciones de la soja desde el 30% al 33%.
En total, el campo ejecutó en lo que va de gestión Alberto Fernández tres paros agropecuarios y en las últimas semanas amenazaron con una cuarta medida de fuerza que finalmente no llegó a concretarse. En tanto, la Sociedad Rural Argentina, plantea la posibilidad de avanzar con un reclamo judicial, con el apoyo de las otras entidades, para que se liberen los envíos de carne.
Concretamente, el balance entre el mercado interno y las exportaciones, con precios internacionales de los commodities en máximos históricos, se convirtió en el principal punto de enfrentamiento entre el gremialismo rural y los funcionarios nacionales y la puja todavía sigue.
Por lo pronto, lo que se espera para los próximos meses es una caída considerable en el ingreso de divisas del campo y esa también es una espada de Damocles para el Gobierno en el mediano plazo. Es que por cuestiones estaciones lógicas de la campaña, el productor ya sembró el trigo y liquidó gran parte de la cosecha de soja y maíz, hasta diciembre no se espera un fuerte ingreso de dólares del sector. Es por ello que el poder de fuego del BCRA para contener los distintos tipos de cambio también será más acotado.
Según explican referentes económicos, los cimbronazos políticos también desalientan decisiones de inversión y/o liquidación de granos por parte de los productores, planteando un escenario aún más complejo.
