Los empresarios habían advertido sobre escasez de mercadería y suba de precios. Domínguez, que había criticado el cierre exportador, está bajo presión.
En medio de tanto nerviosismo en el mercado, el Gobierno recibió dos buenas noticias: una es que las autoridades chinas levantaron el embargo sobre la carne brasileña -que estaba embargada por motivos sanitarios, después de haberse detectado caso de «vaca loca» en el país vecino- y, por lo tanto, eso quitará algo presión sobre las importaciones de mercadería local.
Los expertos del mercado argentino afirman que, por esa crisis sanitaria, los precios pagados por China están superando los valores récord que se habían registrado a fines de 2019. Y los funcionarios argentinos no sólo no festejaban los altos precios de la «vaca conserva» sino que sospechaban que podía contagiar inflación al mercado doméstico.
La segunda buena noticia es que la Federación de Industrias Frigoríficas está tratando de llevar tranquilidad en el sentido de que no volverá a haber aumentos en los precios de la carne durante todo el verano.
Al menos, así lo aseguró el titular de la gremial frigorífica, Daniel Urcía, quien calificó las altas subas de las últimas semanas como producto de un «reacomodamiento del mercado por la recomposición de precios en categorías que habían quedado atrasadas». Y hasta se animó a pronosticar una caída de 5%, luego de pasado el pico de demanda extraordinaria del fin de semana largo.
Pero claro, Urcía sabe que está bajo la lupa del Gobierno, que quiere estabilizar los precios por las buenas o por las malas. El empresario, en plena postura negociadora, insinuó que la forma de garantizar que el rubro cárnico no le siga trayendo dolores de cabeza a las autoridades sería un cambio de régimen tributario que le permita a los carniceros «encuadrarse dentro del régimen simplificado».
«Esto les permitiría entrar en blanco y bancarizarse, y significaría una baja de precios para el consumidor», manifestó, poco antes de sentarse a negociar con el secretario de Comercio, Roberto Feletti, uno de los partidarios de la «mano dura» a la hora de controlar precios.
Una crisis anunciada
Pero ahí se terminan las buenas noticias, porque todo el resto del panorama luce muy complicado para un gobierno que se ha fijado el objetivo político de mostrar un incremento en el consumo de carne per capita.
Es comprensible, claro: durante la gestión de Alberto Fernández –que había hecho campaña con la vuelta del asado- el consumo tocó sus mínimos históricos, con 47 kilos anuales por persona en el peor momento de la pandemia. La cifra empeoraba los peores momentos de las gestiones de Mauricio Macri y Cristina Kirchner, y también el mínimo del año 2002, cuando en medio del caos social.
Fue por eso que tanto Alberto como Cristina se habían entusiasmado con los primeros resultados del cierre a la exportación: el consumo tuvo una leve suba a 53 kilos por persona, mientras los precios en algunos cortes populares cayeron en julio y agosto.
En ese momento, los empresarios del sector advirtieron que esa caída de precio ocurría todos los años por una típica cuestión estacional, que el cierre de las exportaciones no tenía nada que ver y que para fin de año habría escasez de mercadería y nuevas subas.
En otras palabras, lo que se vive hoy es una crisis ampliamente anunciada. Ya en ese momento se notaban los problemas en síntomas tales como los despidos en frigoríficos de Santa Fe, la pérdida de u$s1.000 millones por exportaciones no realizadas y la zozobra de los frigoríficos más pequeños que, al no acceder a la cuota Hilton y depender de las ventas a China, veían peligrar su ecuación económica.
Pero las advertencias más graves apuntaban al desincentivo que se percibía en la cría de ganado: los productores, en una actitud netamente defensiva, dejaban de hacer «engordes», lo que significa que se envían a faena animales antes de la fecha estimada, como forma de recomponer capital.
Y los números son elocuentes al respecto: según el experto Ignacio Iriarte, la oferta ganadera cerrará el año con un millón de cabezas menos que el año pasado. Y los últimos datos de faena de vacas marcan que en octubre hay una caída de 16% interanual.
Una encuesta hecha entre productores tras el cierre exportador marcaba con elocuencia el estado de ánimo en el sector. Cuando se preguntaba sobre qué cambio de estrategia se adoptaría ante el actual panorama, la mayoría de las respuestas apuntaban a reducir el negocio para dedicar más superficie a la agricultura, o bien bajar el nivel de inversión y terminar animales más livianos, que es lo opuesto a lo que están promoviendo los expertos en el tema.
Por eso reclamaban una política que fomentara, mediante un sistema de incentivos impositivos, el engorde de animales, para vender al peso ideal de 430 kilos y no a los 320 kilos, que es el promedio al que se vende ahora. Con una política de engorde, se lograría que los animales enviados a faena fueran 10 millones, en vez de los 14 millones actuales.
El consultor Salvador Di Stefano advertía que el nacimiento de terneros estaba en franco descenso, a un ritmo de 5% anual. Para revertir la situación se necesitaría que el 80% de las vacas quedaran preñadas pero actualmente ese índice está en apenas 62%, como consecuencia de las medidas cortoplacistas del Gobierno.
Más demanda, menos oferta
El único funcionario que había manifestado su acuerdo con esa visión era Julián Domínguez, llegado al gabinete tras la crisis provocada por el revés del oficialismo en las PASO.
Como gesto de paz, Domínguez levantó parcialmente las restricciones de exportación a la exportación en septiembre y argumentó que la venta de carne a China no tenía la culpa de los aumentos. Más aun, se mostró de acuerdo con que había que generar incentivos crediticios destinados al engorde de animales.
El problema, advertían los expertos, es que el negocio ganadero no depende de la voluntad política sino de los ciclos biológicos: para llevar a un animal al peso ideal de 430 kilos se necesita cuatro años. Y en el mientras tanto se debe invertir dinero en el alimento –puede ser paso o maíz, del cual se prevé una campaña extraordinaria por el aumento del área sembrada- y recomponer el stock de animales. Hasta que eso no ocurra, la situación es que los «feedlots» o centros de engorde de animales están trabajando a mitad de su capacidad. Y esto, naturalmente, presiona el precio de las vacas.
Ya se lo habían advertido al propio Domínguez los empresarios del sector. Por caso, Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria, quien había alertado: «Ellos aducen que dejar fuera siete cortes les garantiza que no habrá distorsiones ni aumentos de precios y que así preservarán la mesa de los argentinos. Pero es probable que haya aumentos igual».
Su argumento era que tratar de traccionar la demanda sin incrementar la oferta sólo podía terminar en una nueva ola de suba de precios.
Hoy, la situación es descripta con crudeza y hasta un dejo de ironía en un video de la agremiación Carbap, que tras enumerar todas las veces en que advirtió las consecuencias, afirma: «Se lo dijimos en 2009 a Julián Domínguez que, al igual que hoy, era ministro en el gobierno de Cristina Kirchner, y tampoco nos escucharon. Mismas medidas contra las exportaciones de carne, tomadas por los mismos gobernantes y sostenidas por los mismos ministros y… no es casualidad que las consecuencias sean las mismas».
Y remata: «¿Es tan difícil de entender? Cerrando las exportaciones de carne el precio no va a bajar. ¿No pensarán alguna vez, en serio, bajar los impuestos y detener la inflación? Podrían probarlo, no?»
Domínguez en un brete
Lo cierto es que hoy el ministro Domínguez está en un brete político. Porque cuando anunció el acuerdo con el sector cárnico para el levantamiento de las restricciones anunció que a partir de ese momento «no hay ninguna razón para que suba la carne».
Llegó incluso a contradecir a Cristina Kirchner, al apoyar el argumento de los ganaderos, en el sentido de que las vacas que se venden a China no inciden en el precio doméstico porque no forman parte del consumo local.
Pocos días antes, en un acto de campaña del Frente de Todos, Cristina había defendido con vehemencia la medida del cierre exportador, a la que asimiló a un acto de inclusión social.
«Obvio que si yo tengo vacas quiero poder venderlas a precio dólar, pero ¿qué hacemos entonces, dejamos que nadie coma carne?, ¿les decimos que a la gente que no van a poder comer más carne hasta que no tengan los sueldos como en 2015?», preguntó Cristina.
Hoy, cuando se están cumpliendo los pronósticos más pesimistas, existe el riesgo de una fisura en la coalición de Gobierno. Domínguez sigue sosteniendo que los productores no deben ser culpados y que «no son formadores de precio».
En cambio, es más proclive a tomar medidas contra los frigoríficos. De hecho, tras levantar los cupos a la exportación había advertido que no dudaría en tomar medidas si los precios volvieran a subir: «Vamos a defender el consumo popular, no somos empleados de los frigoríficos» fue la frase que recogieron los medios de comunicación más afines al Gobierno.
La situación de hoy pone a Domínguez en una situación tensa con Roberto Feletti, quien amenazó con nuevos cupos de exportación y con subas de las retenciones a la exportación de carne –que hoy está en 9% y tienen margen legal para llegar hasta 15%-.
Pero no solamente el riesgo de fisura está entre los funcionarios: sobre todo, el mayor riesgo político es el de agravar las diferencias con los gobiernos provinciales de la región productora. Ya en su oportunidad los gobernadores de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y La Pampa habían criticado la toma de medidas restrictivas de la exportación.
Todos son peronistas, todos perdieron por gran diferencia en sus respectivos distritos y no están dispuestos a seguir pagando el costo político de enfrentarse con los sectores más dinámicos –y principales aportantes tributarios- de sus respectivas economías locales.
Para Domínguez, todas las alternativas a mano parecen malas. Una vuelta a los cupos exportadores implicaría contradecir lo que él mismo afirmó hace apenas dos meses, lo cual le restaría credibilidad ante los empresarios.
El reclamo impositivo que hacen los frigoríficos y ganaderos es un punto con el que Domínguez está de acuerdo, pero no lo ayuda el «timing» político, justo cuando el Gobierno necesita mejorar el frente fiscal.
Otra alternativa es buscar una reducción de costos por la vía de abaratar el maíz, mediante un cierre exportador. El maíz es uno de los principales insumos para el engorde de los vacunos, cuyo precio está con fuerte presión al alza. Si suena a medida conocida es porque ya se aplicó el verano pasado, con poco éxito.
