La politóloga especializada en acción política de organizaciones empresarias analizó la historia de la Sociedad Rural y de la Unión Industrial. De las protestas por la 125, al tractorazo. El perfil de los industriales argentinos y su permanente vínculo con el Estado.
Doctora en Ciencias Sociales, magíster y licenciada en Ciencia Política e investigadora adjunta del Consejo Nacional para la Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), en la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales (Idaes) de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam), Marina Dossi es especialista en construcción de la representación y acción colectiva en las organizaciones empresarias y esta semana participó de la Agenda Académica de Perfil Educación. “La relación del peronismo con el sector agropecuario siempre ha sido de tensión. Luego del modelo agroexportador, en el que el sector agrícola era el eje y el crecimiento estaba orientado en esa dirección, viene la década del treinta, que fue anárquica en cuanto a generación de políticas. Hasta que llegó Perón y se empieza a entablar una relación conflictiva con el sector agropecuario y se genera un antiperonismo del sector agropecuario, que data desde los orígenes del peronismo”, advirtió.
—En sus investigaciones usted sostiene que “si bien disponen de capacidad de veto hacia las decisiones estatales que consideren amenazantes a sus intereses”, los representantes de las organizaciones empresarias “no son actores con preferencias dadas y homogéneas conformadas de antemano, sino que éstas se redefinen según el tipo de intervención estatal, de las lógicas internas y acciones de las asociaciones”. Siguiendo esa interpretación, ¿cuáles son las características que usted puede mencionar sobre las organizaciones empresarias argentinas?
—El empresariado argentino no actúa en el vacío, tiene particularidades que se fueron conformando en una relación con el Estado. El tipo de vínculo que se generó entre el empresariado argentino y el Estado fue habilitando un tipo de conductas que no se dan de la misma manera en otros sectores empresarios en el resto del mundo, porque hay otro tipo de interlocución y de sanciones, y porque ha habido más continuidad en los modelos económicos que se llevan adelante. Al no tener un horizonte de largo plazo, el empresariado argentino es cortoplacista en esa misma lógica y eso es diferente a lo que ocurre en otros países. Por otro lado, aunque el empresariado argentino es una categoría muy heterogénea, y no es lo mismo el gran empresariado que el mediano y el pequeño, hay rasgos positivos de parte del empresariado argentino, sobre todo, la capacidad de innovar, de apostar por proyectos de ciencia, con vocación para exportar, de ser resiliente frente a coyunturas altamente adversas por la inestabilidad cíclica que tiene Argentina.
—En Debates sobre la acción empresarial organizada: aportes para la elaboración de la acción corporativa empresaria usted analiza la “acción económica” y la “acción política” del empresariado argentino. ¿Qué defina cada una de estas instancias y por qué se produce este fenómeno?
—Es una distinción analítica: la acción empresaria tiene una acción económica y una acción política. La acción económica es la que tiene que ver con las decisiones de índole microeconómico que toman los empresarios, como pueden ser estrategias de inversión, de contratación de personal y otras decisiones empresarias que llevan adelante. Mientras que la acción política es la que encaran para vincularse con otros actores y así poder realizar demandas específicas, que pueden ser sectoriales o más generales, y que interesan al empresariado en tanto actor político. Esa acción política va a estar dirigida, principalmente, hacia el Estado, como su principal interlocutor y a quien buscan demandar, pero también hacia otros actores empresarios, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil. Las dos acciones están atravesadas por el contexto que atraviesa al empresariado, puede haber momentos en los que el empresariado decida llevar adelante un plan de inversión, por ejemplo, instalar una nueva fábrica. Eso sería una acción positiva de carácter económico de apoyo al funcionamiento de un gobierno. Lo contrario sería reducción de personal en una planta industrial, para señalar que hay condiciones económicas que resultan poco alentadoras para mantener personal. La acción política tiene distintos instrumentos, se puede canalizar a través de la opinión pública y los medios de comunicación, pueden emitir comunicados o dar discursos. Los empresarios también pueden presentar sus demandas vía plataformas o libros, como el “Cuaderno blanco” de la Unión Industrial Argentina. Otro tipo de acción política es el lobby, cuando tienen la capacidad de negociar en forma individual con determinados actores del Poder Ejecutivo. El empresario tiene el poder de influir porque su decisión de invertir o de no invertir condiciona el funcionamiento del modelo económico y el funcionamiento de un gobierno. Por eso, hay momentos en los que la acción económica también es política. Por ejemplo, la decisión de no invertir en el país y fugar capitales. Es una decisión económica que permite enviar un mensaje de desinversión en un país como Argentina con problemas de restricción externa. Después puede haber particularidades, como la del sector agropecuario, que es el que genera mayores divisas y puede decidir guardar los cereales en silobolsas y no liquidar divisas y eso, al mismo tiempo, se transforma en una herramienta de presión política para que se reduzcan retenciones o se mejore el tipo de cambio.
—En sus trabajos, usted concluye que las diferentes trayectorias corporativas de los dirigentes de la Unión Industrial Argentina (UIA) influyen en la dinámica interna, en la forma de organización y representación de intereses y en las relaciones que entabla con otros actores sociales. En ese marco, ¿qué es lo que define a la UIA?
—La UIA es una entidad que tiene una composición muy diversa y que, con el correr de los años, y para no perder asociatividad y representatividad, buscó incluir a todos los sectores industriales. Para eso, modificó reglamentos y creó una serie de distintas dependencias para sumar a las pymes y a las economías regionales que fueron históricamente los sectores más excluidos y los que tensionaban siempre la base y la representación en la entidad. Esa diferencia entre los grandes grupos y grandes empresas industriales frente a los pequeños y medianos que ahora están adentro de la Unión Industrial, es lo que define a esa asociación y marca el pulso de lo que se juega ahí adentro en torno qué decisiones se dan, cuál es el presidente que se elije y, lo que es más importante, cuál es el cambio de discurso que van a tener en las distintas coyunturas de la Argentina. También se ha visto en los últimos años un fenómeno de renovación dirigencial, que se fue creando por nuevos grupos de jóvenes que forman parte de empresas pymes pujantes que buscan acceder a espacios de decisión.
—Usted ha señalado que el accionar político de la Sociedad Rural Argentina (SRA) tuvo una mayor canalización institucional porque son pocas las expresiones divergentes de sus dirigentes y la estrategia de planteos individuales, sumada a una mayor cohesión ideológica. ¿Cuál es la particularidad de la SRA?
—La Sociedad Rural está definida por su composición, porque son, en su mayoría, productores ganaderos con intereses mucho más homogéneos. En general son grandes productores ganaderos que fueron incorporando a los que llegaron en los últimos años desde la actividad sojera, pero no hay pequeños o medianos productores. Otra característica que los define es que son, en su mayoría, familiares los que siempre van formando parte de las comisiones directivas. Son los sobrinos, los nietos que se repiten y hacen que la conducción sea mucho más estable, porque el presidente de la Sociedad Rural puede ser reelegido indefinidamente, a diferencia de la UIA que se renueva cada dos años. En la Sociedad Rural entonces no hay tanto recambio y es mucho más fácil hacer reclamos sectoriales porque tienen en claro que la demanda apunta a que el Estado no intervenga en los mercados de carnes ni de cereales. Que no haya regulaciones ni retenciones. Hay un acuerdo común en esas demandas. En cambio, en el sector industrial puede haber un grupo que pretenda un tipo de cambio alto porque le conviene exportar y también va a haber otro grupo, destinado al mercado interno, que se puede ver perjudicado por esa lógica. O el que le conviene que haya aranceles y al que no le conviene. En la Unión Industrial hay una serie de fricciones que no se dan en la Sociedad Rural porque aglomera intereses mucho más homogéneos.
—Hace pocas semanas se realizó una masiva protesta de representantes del sector agrícola en lo que se conoció como el “tractorazo”. ¿Cómo opera la representación simbólica del campo en la ciudad en ese tipo de protestas?
—El tractorazo es todo un símbolo porque el tractor es para el sector del campo lo que representa el campo. Lo que genera trabajo, la fuerza, la pujanza. Y termina siendo internalizado por muchos sectores de la ciudad, que no tienen nada que ver con el campo ni nunca han visto un tractor de cerca, pero que simbólicamente asocian el tractor a eso. Hay una asociación muy fuerte entre el campo, como el que genera riqueza. Es esta idea de la Sociedad Rural sobre aquello de cultivar el suelo es servir a la patria, una definición muy fuerte en cuento a la propia entidad. Y está muy instalada esa figura de que el campo es el que produce, el sector activo, que no necesita de ninguna ayuda de nadie. Es algo que está muy instalado como discurso. Un productor en el tractorazo decía: “Nosotros no necesitamos que nos den una mano, lo que único que necesitamos es que nos saquen las dos manos que nos pusieron encima”. Es una representación muy fuerte que termina prendiendo en sectores urbanos que, en medio de una gran crisis económica, sienten que tampoco son asistidos por el Estado y que son perseguidos con impuestos como le sucede al campo. Es una construcción simbólica que opera y que se alimenta con esas dudas que se generan sobre el destino de los impuestos. Los sectores agropecuarios rechazan impuestos para asistencia social que depende del Estado, y que se producen con la quita a los que genuinamente producen. A la vez que también aparece esa distancia con el sector industrial, porque el sector agropecuario también se pregunta si son impuestos para subvencionar a sectores industriales que no son eficientes y le extraen recursos al único sector que por sí mismo es capaz de generar valor. Ahí hay una construcción muy fuerte, que impulsa a organizaciones urbanas de la sociedad civil a apoyar el tractorazo ahora, como antes fue el apoyo a la resolución 125. El tractorazo es una acción política por el apoyo ideológico que puede construir y porque busca influir sobre el Estado.
—¿Usted sostiene que el apoyo de sectores urbanos a las protestas del campo por la resolución 125 o el “tractorazo”, responde a un rechazo a las políticas del Estado más que a una sinergia política-ideológica con ese sector?
—La supuesta presión que sufren del Estado, que es compartida por sectores del campo y sectores de clase media y alta de la ciudad, está mezclada con una representación política que, en muchos casos, los aglutina en Juntos por el Cambio o el rol que ese espacio político le asigna al campo, o por lo que los propios dirigentes de ese espacio manifestaron sobre el tractorazo. La idea de que, si llegan al gobierno luego de 2023, la relación con el campo será pensando para permitir que ese sector impulse la pujanza. Hay una base común en esa construcción. Pero también hay sectores que ideológicamente no están tan convencidos de eso y, sin embargo, buscan diferenciarse de los sectores que son asistidos por el kirchnerismo mientras ellos no reciben esta asistencia desde el Estado. Así aparece esa cierta rivalidad entre el que percibe el plan social y el que trabaja bajo monotributo y protesta porque no recibe ayuda social. Es un sector que puede no compartir la visión de Juntos por el Cambio, pero que quiere diferencia de lo que llaman asistencialismo y se unen en esa crítica a los representantes del campo.
—¿Es posible decir que la tensión entre representantes del campo y el kirchnerismo puede rastrearse también en el origen del peronismo, o usted encuentra matices que permiten marcar matices a lo largo de la historia?
—La relación del peronismo con el sector agropecuario siempre ha sido de tensión. Luego del modelo agroexportador, en el que el sector agrícola era el eje y el crecimiento estaba orientado en esa dirección, viene la década del treinta que fue anárquica en cuanto a generación de políticas. Hasta que llegó Perón y se empieza a entablar una relación conflictiva con el sector agropecuario y se genera un antiperonismo del sector agropecuario, que data desde los orígenes del peronismo. Tiene que ver con políticas del peronismo, como la creación del IAPI, las transferencias de recursos de un sector a otro o el estatuto del peón rural, que fue muy resistido. Así se construyó una relación de oposición al peronismo desde las entidades rurales, fundamentalmente, la Sociedad Rural y las Confederaciones Rurales Argentinas. Mientras que la Federación Agraria siempre tuvo una relación distinta, porque aglutina sectores más chicos del sector agropecuario, que necesitan otro tipo de asistencia estatal, lo mismo que las cooperativas, que necesitan algún tipo de subsidio estatal. Es cierto que hay una cuestión ideológica de antiperonismo del sector agropecuario que se va generando con el transcurrir de los años y que se manifiesta en cómo actúa el sector en distintos momentos. Por ejemplo, cuando asumió Mauricio Macri y sacó las retenciones sobre el sector agropecuario, pero dos años más tarde tuvo que volver a ponerlas, fue muy distinta la reacción que tuvo el sector: nadie salió a hacer tractorazos en 2018 porque había una lógica distinta, también desde el gobierno, que les decía: “Nosotros sabemos que este impuesto es malo y que no tiene que estar, pero no nos queda otra más que ponerlo”. Y las entidades agropecuarias lo aceptaron porque creyeron que era algo coyuntural y que se iba a quitar. Ahí hay una cuestión ideológica frente a una misma medida, fue distinto el posicionamiento. Mientras que en la reciente protesta del tractorazo pasó algo similar, porque más allá de las restricciones a la exportación de la harina, no había una suba de retenciones o al impuesto a la renta inesperada, del que se les dijo que iban a quedar excluido. Hay una tensión que va a ser difícil de eliminar, un recelo del sector hacia el peronismo y de una parte del peronismo hacia una concepción del sector agropecuario, que tiende a verlo como un sector rentístico, especulativo o que busca su propio beneficio. Y es cierto que la tienen, pero no es exclusiva del sector agropecuario. Fuente: Perfil
