Las entidades del campo trabajaron un documento para plantear ante el Gobierno en caso de un hipotético llamado para negociar en torno del conflicto por el cepo a la carne vacuna. «Es por las dudas», contó una fuente de la Mesa de Enlace, que precisó que, más allá de su elaboración, la agrupación no tiene todavía una postura tomada sobre qué hacer con el texto en virtud de diversas posturas en el seno de las entidades. Por lo pronto, mañana los dirigentes de la Mesa de Enlace verán al gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, para continuar la ronda de encuentros con mandatarios provinciales que ya tuvieron hace 10 días buscando apoyo en contra del cepo a la carne con Gustavo Valdés (Corrientes) y Jorge Capitanich (Chaco).
Si bien la Sociedad Rural Argentina (SRA), Coninagro, Federación Agraria Argentina (FAA) y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) están juntas detrás del documento, hay puntos de vista distintos sobre cómo eventualmente negociar si hay un llamado oficial. CRA, que se fue del Plan ganadero cuyo debate impulsa el Gobierno, es partidaria de que como condición para dialogar primero se levante el cepo a la exportación. SRA, Coninagro y FAA quieren evitar un mal mayor del Gobierno hacia el sector.
Según pudo se saber, lo que escribieron las entidades no es una propuesta de plan ganadero como tal sino una «hoja de ruta» con puntos que consideran clave. Están los reclamos históricos como que se eliminen las retenciones (hoy la carne tributa un 9%), no haya restricciones para las ventas al exterior ni cupos como los que viene de poner el gobierno nacional con la excusa de bajar el precio de la carne.
También se menciona que, si el Gobierno quiere atender la problemática del precio, antes que limitar la oferta debe atender la demanda. En esta línea, podría usar el presupuesto si quiere subsidiar la demanda, canalizar las necesidades de compra vía la Tarjeta Alimentar y hasta hacer una devolución del IVA.
«Esto es como los catorce puntos que se elaboraron. No un plan sobre cómo llevar adelante algo, sino planteos», contó una fuente de la Mesa de Enlace. Vale recordar que, en 2019, ante la campaña presidencial la Mesa de Enlace trabajó un documento de 14 puntos que llevó a los distintos candidatos.
Allí había reclamos que iban desde lo tributario, las tasas, la infraestructura de caminos o la conectividad, la agricultura familiar, el empleo, la seguridad rural y hasta una ley para la aplicación de productos fitosanitarios, por ejemplo. También rechazaban cualquier intervención en los mercados, en obvia referencia a lo que hizo el kirchnerismo en su anterior gestión.
«Esto es un punto de buenas intenciones. Mientras algunos en la Mesa de Enlace dicen que no hay que sentarse a hablar nada hasta que no se levante el cepo, otros creen que hay que tener algo preparado», dijo una de las fuentes consultadas.
En la agrupación ruralista interpretan que, tras el acto del 9 de julio en San Nicolás, que según los organizadores contó con 65.000 asistentes, «la pelota» ahora está del lado del Gobierno.
Gestos
«La Mesa de Enlace hizo un gesto en San Nicolás diciendo acá estamos, todos juntos. Ahora el que tiene que hacer el gesto es el Gobierno», señaló. En ese sentido, un «gesto» podría ser que el Gobierno cumpla con lo que en los últimos días trascendió desde los mismos despachos oficiales: que se flexibilice la venta de la carne para su exportación a China de la vaca de descarte. Esa carne hoy está bajo un cupo del 50%.
Según un informe de Rosgan difundido por la Bolsa de Comercio de Rosario, por menores precios y postergación de ventas de esa vaca debido al cepo los productores ganaderos ya tienen un «bache financiero» de entre 7400 millones de pesos y $8800 millones.
En los últimos dos meses los productores vendieron para la faena «un 30% menos de vacas que las enviadas un año atrás, esto es unas 160.000 cabezas menos entre mayo y junio».
Además, «los valores promedio de toda la categoría cayeron un 20% a causa del cepo, siendo la conserva la más afectada al pasar de niveles medios de $100 a $70 en los últimos dos meses», indicó el trabajo.
En este contexto, Rosgan detalló: «Esta postergación de venta, sumado a la pérdida de valor de mercado de este tipo de hacienda, implica para el sector productor un bache financiero de entre $7400 y $8800 millones, sin contar los costos extras de suplementación a los que muchos productores se han visto forzados a incurrir para sostener estas categorías o incluso, a la pérdida por mortandad en aquellos casos en los que su único destino fue retenerlas en un campo natural, sin mayores reservas».
