A pocos días para que se termine el año, el mismo tiempo para que el Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA), que se había lanzado para compensar los precios internos de la bolsa de harina de 25 kilos, llegue a su fin. En una carrera imparable por encontrar los fondos, que venían saliendo de la suba a las retenciones de la harina y el aceite de soja [del 31 al 33% desde marzo pasado, tasa que ahora está de vuelta en el 31%], el Gobierno recurriría al Tesoro para mantener el subsidio.
El controvertido fondo estatal había sido creado por el exsecretario de Comercio Roberto Feletti tras impulsar la suba de esos derechos de exportación para reunir unos US$400 millones. Si bien desde fuentes privadas trascendió que el Gobierno seguiría su fondeo con el Tesoro, fuentes oficiales señalaron que no podían confirmar esta información. Solo indicaron que «se encuentra operando normalmente y realizando pagos». Además, contaron que hubo nuevos pedidos de ingresos de cuatro molinos para intentar sumarse a este fondo.
El interrogante sobre el fideicomiso sobrevuela en la industria molinera. Su bolsa de 25 kg de harina 000 llega a las panaderías a $1531. En tanto, la bolsa de harina 0000 lo hace a $1837, la bolsa de harina tapera a $1990 y la harina semolín por $1990, más flete e IVA.
Fuentes del Gobierno indicaron a este medio que «se está viendo» de qué forma va a continuar. Aclararon que lo más seguro es que en enero haya alguna novedad sobre el tema.
En la actividad privada, en tanto, coincidieron en que el FETA va a continuar, aunque aclararon que esta vez «la fuente de financiamiento será el Tesoro». De acuerdo con los trascendidos, la Secretaría de Comercio, que conduce Matías Tombolini, buscará cubrir los gastos actuales mensuales de los principales abastecedores de harina de 25 kg, como lo ha hecho hasta ahora, donde hay una lista de 22 molinos, que lidera principalmente Molinos Cañuelas.
Por el FETA, legisladores de la Coalición Cívica denunciaron a Feletti e incluso pidieron una investigación sobre el pago de las compensaciones. Luciano Bugallo, diputado de ese espacio en la provincia de Buenos Aires, y las diputadas nacionales Marcela Campagnoli y Victoria Borrego, fueron a la Justicia en junio pasado para que esta investigue la posible comisión de los delitos de defraudación contra la administración pública, fraude al comercio y la industria y lavado de activos. Además de actuar en contra del exfuncionario, los legisladores incluyeron que se investigue a las autoridades de las firmas Molino Cañuelas, Molinos Florencia y del grupo que señalan como controlante, Compañía Argentina de Granos. La causa quedó en manos del juez federal Ariel Lijo, según informaron los diputados. En ese momento, desde Molinos Cañuelas se despegaron de la inclusión en la denuncia que hicieron los legisladores y remarcaron que el sistema es «equitativo».
En tanto, vale recordar que las cámaras molineras habían rechazado desde su comienzo el fideicomiso y dejaron en libertad de acción a sus empresas para sumarse o no. Hasta el momento, se incorporaron, como se mencionó, 22 empresas de la actividad.
Entre otros puntos, fuentes del mercado objetan que no se termina de conocer todos los pagos realizados a las compañías que han participado de este mecanismo.
