El Gobierno confirmó la creación de un fideicomiso integrado por todos los eslabones de la cadena de comercio de los granos de trigo y de maíz, así como también de la harina y de fideos, con el objetivo de asegurar “un precio estable” de algunos productos.
La medida se anunció a través de la Resolución Conjunta 3/2022, publicada este sábado en el Boletín Oficial.
Con la firma de los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, se avanzó con la iniciativa impulsada por la Secretaría de Comercio Interior, a cargo de Roberto Feletti, que también busca asegurar el abastecimiento de ciertos alimentos.
La decisión alcanza a todas “las personas humanas o jurídicas que operan en el mercado de trigo grano, maíz grano, harina de trigo y fideos que se encuentren inscriptas en el Registro Único de la Cadena Agroalimentaria (RUCA), sea como productores, fraccionadores, acopiadores, molineros, exportadores, elevadores y fazoneros o demás áreas del comercio”.
Todos ellos tendrán que conformar “un fideicomiso cuyas normas y alcances estarán determinados en el respectivo contrato que a tal efecto deberá ser suscripto en un plazo de 30 días hábiles”.
Este mecanismo, que estará vigente hasta el 31 de enero de 2024, “deberá velar por el interés económico general de la población, mediante un Sistema Interno de Asistencia Financiera que, preservando la libertad de mercado y la libre competencia, garantice el abastecimiento interno y asegure precios justos y razonables para los consumidores”.
De acuerdo con lo que se informó, serán beneficiarios “todos aquellos abastecedores de productos sujetos a compensación que se encuentren en el programa de ‘Precios Cuidados’ que se adhieran al Fideicomiso sujeto al cumplimiento de los requisitos”.
Además, se aclaró que, “en caso de que la falta de participación de alguna de las personas descriptas” afecte o distorsione “el normal funcionamiento del mercado, dichas conductas serán analizadas por las autoridades competentes”.
Por su parte, tanto la Secretaría de Comercio Interior como el Ministerio de Desarrollo Productivo, podrán “realizar evaluaciones periódicas del funcionamiento del Fideicomiso y dictar las normas complementarias para su correcto funcionamiento, en base a las pautas y lineamientos” aprobados.
Según se detalla en el contrato publicado como anexo en la Resolución Conjunta, la finalidad de esta herramienta es “asegurar el valor de comercialización interna de harina de trigo pan tipo 000 y de fideos secos en el mercado interno, con el objetivo de lograr un precio estable” de diferentes alimentos “para los consumidores finales de la República Argentina”.
Según explicaron días atrás las áreas de Gobierno en un comunicado, “el mecanismo da respuesta a la necesidad de desacoplar precios para proteger el mercado interno en un contexto global de conflicto bélico y con el precio internacional del trigo alto y sostenido.
Rechazo a la medida
La medida ya había generado el rechazo de numerosos sectores que están vinculados a la producción y comercialización de trigo. Los privados presentaron como alternativa reducir la alícuota del IVA a los alimentos o bien promover un subsidio a través de la tarjeta AlimentAR, y se pidió realizar una revisión de esta iniciativa, ya que de concretarse pagaría lo mismo un por un paquete de fideos un consumidor del tercer cordón del Gran Buenos Aires como aquel que compre el mismo producto subsidiado en un hipermercado en el barrio porteño de Recoleta.
Desde las Mesas Intersectoriales de Trigo y Maíz indicaron al gobierno nacional que “esta herramienta constituye un estímulo negativo que puede afectar la previsibilidad en la cadena”; así como propusieron otras alternativas. “El Gobierno debe trabajar sobre las reales causas de la inflación, que exceden al precio del maíz o del trigo, los cuales estuvieron siempre por debajo del ritmo inflacionario durante todo el 2021″, señalaron. También recordaron el efecto que tuvieron “experiencias recientemente fallidas” al intervenir en los mercados de granos con el objetivo de “contener los precios, en trigo y maíz”, y se pidió que “analicen una serie de medidas que incluyen desde la utilización de mecanismos de cobertura, financiación y, sobre todo propuestas para llegar a los sectores de bajos ingresos o desocupados, a través de tarjetas de alimentos”.
Además, la Bolsa de Comercio de Rosario consideró que la promoción de un fideicomiso “genera interferencia en el normal funcionamiento de los mercados institucionalizados de granos afectando la formación de precios de referencia”. También se planteó además que esta iniciativa “va en dirección contraria a la necesidad de contar con reglas claras, previsibles y de largo plazo que alienten la inversión”. A lo que la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, agregó: “tales medidas son consideradas un estímulo negativo para la cadena productiva. Sería más eficiente implementar alternativas para subsidiar la demanda y no la oferta”, y sostuvieron que “la implementación de medidas de similares características en la historia reciente de nuestro país no fueron eficaces para contener los precios de los productos de la canasta básica que perseguían como objetivo”.
Por último, la dirigencia del campo que integra la Mesa de Enlace señaló semanas atrás que será mínima la incidencia de dicho mecanismo en el precio al consumidor por parte del trigo. “Este intento de política no resolvería el problema, ya que lo que incide en los aumentos de precios, es la suba de los valores de los demás componentes del mismo como la logística, la distribución, el procesamiento, y la comercialización, por efecto de la inflación misma. Y también, y muy importante, es el componente impositivo. Creemos que esta propuesta de fideicomiso sería una retención encubierta y otro mordiscón fiscal al productor”, comentaron los presidentes de las cuatro entidades del campo.
