A 30 días de la multitudinaria movilización a San Nicolás, los productores se reunieron en asamblea en Bell Ville (Córdoba), y propusieron medidas.
Productores autoconvocados de diferentes puntos del país organizaron hoy una Asamblea multisectoral en Bell Ville, provincia de Córdoba, donde resolvieron proponer y consensuar con la Mesa de Enlace nacional la realización de un cese de comercialización, mientras aumenta el malestar de los productores por las restricciones a las exportaciones de carne vacuna, el incumplimiento de la promesa de funcionarios nacionales de flexibilizar las mismas y la política que lleva adelante el Gobierno de Alberto Fernández hacia el sector.
Participaron de la Asamblea productores de Chaco, Tucumán, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires y de Córdoba. No estuvo presente la Mesa de Enlace nacional, pero si lo hicieron los dirigentes de la provincia de Córdoba en representación de la misma. Entre los asistentes, estuvo Javier Rotondo, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez), Alejandro Ferrero y Guillermo Vitelli de la Sociedad Rural Argentina, y Alejandro Buttiero por Coninagro.
Otra de las mociones que se aprobó fue solicitar a las autoridades nacionales la quita o baja de impuestos nacionales, provinciales y municipales a los alimentos de la canasta básica. Y también se propone realizar un acampe al costado de las rutas hasta que se implemente dicha medida. Hay que recordar que el campo viene desde hace tiempo solicitando una menor carga impositiva, que se refleja en el efecto de las retenciones a las exportaciones agropecuarias, pero también advirtiendo la fuerte presencia de los impuestos en el precio final de los alimentos.
La Asamblea estuvo organizada por los sectores que encabezaron la multitudinaria movilización del pasado 9 de julio en la ciudad bonaerense de San Nicolás, donde diversos sectores afectados por la crisis económica del país elevaron una Proclama con diferentes reclamos, que hasta el momento no recibieron respuestas de parte del Gobierno nacional. La Proclama incluyó desde pedir a las autoridades que respeten la Constitución nacional y que el derecho a la propiedad privada esté garantizado, las clases presenciales y una baja en el gasto público.
