LA AFIP realizó el mayor decomiso de granos de la historia: secuestró más de 8.100 toneladas de maíz. Los granos se encontraban almacenados en depósitos del puerto de Campana, provincia de Buenos Aires. La empresa implicada pretendía exportar la mercadería en barcazas a Uruguay.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) llevó a cabo el mayor decomiso de granos en la historia del organismo. En un solo procedimiento, la Dirección General Impositiva (DGI) secuestró más de 8.100 toneladas de maíz que se encontraban almacenadas en distintos depósitos del puerto de Campana. Mientras que la empresa implicada pretendía exportar la mercadería en barcazas a Uruguay.
Según detalló el organismo, las 8.100 toneladas decomisadas por la DGI-AFIP equivalen a unos 300 camiones. En tanto que el valor de mercado del maíz decomisado supera los $160 millones, de acuerdo a los precios de plaza vigentes.
Asimismo, indicó que la evasión estimada con la operatoria desarticulada por la DGI-AFIP supera los 65 millones de pesos. “La investigación comenzó tres meses atrás cuando una de las áreas operativas especializadas en la fiscalización de la cosecha de granos detectó indicios de una operación fraudulenta. La primera medida que tomó la DGI-AFIP fue la interdicción de los granos para investigar el origen de las 8.100 toneladas de maíz”, afirmó el ente recaudador.
Y añadió que la fiscalización que se llevó a cabo fue sobre inconsistencias en el origen del maíz. Por ese motivo, las áreas operativas solicitaron información sobre los productores que enviaron el maíz al exportador de manera directa a Campana.
La pesquisa permitió detectar productores que carecían de cualquier tipo de capacidad operativa. También se identificaron productores que habían sido inscriptos recientemente en los registros que no podían justificar el cereal de la campaña comercializada.
Ahora AFIP espera la decisión judicial para avanzar en disponer la mercadería para hacer la liquidación a través de una subasta, al tiempo que el producido de esa liquidación se destina, siguiendo la normativa vigente, al Ministerio de Desarrollo Social.
